Mitos acerca de la movilización social (III): del fin del mundo, por Aurelio Sainz

El mito del fin del mundo, el tercero de esta serie de mitos acerca de la movilización social, afirma que la acción política colectiva sólo está justificada si su propósito es evitar una catástrofe, algo que en nuestra imaginación se aproxime al fin del mundo.
  El mundo que vería amenazada su continuidad puede ser entendido de múltiple maneras (la humanidad, la civilización, el planeta...), pero siempre es contemplado como “nuestro” mundo, como aquellas condiciones de vida que un grupo social considera fundamentales para conservar su identidad.
  Para este mito, entonces, el único motivo válido para conquistar o defender colectivamente los derechos comunes sería que, de no hacerlo, la existencia del mundo, de “nuestro” mundo se vería seriamente amenazada.
  El mito del fin del mundo posee, además, otra cara. Supone que no tiene sentido intentar cambiar ninguna situación de injusticia a no ser que la existencia de “nuestro” mundo corra peligro. Cuando “nuestro” mundo no se encuentre al borde de la extinción, la resolución de los problemas sociales, afirma el mito, se confiará a las formas establecidas de delegación política.
  Con el fin de mostrar el carácter mítico de este argumento, voy a recurrir a la paradoja de Jameson. La paradoja que señala Fredric Jameson, investigador de la cultura contemporánea, dice que en la actualidad nos es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.
  Entre otras cosas, la paradoja hace referencia a la gran cantidad de películas que en las últimas décadas tienen como tema principal el fin del mundo, desde El planeta de los simios (1968), por ejemplo, hasta Oblivion (2013). Y advierte que es más fácil contar y atender a historias que narran una catástrofe planetaria o de civilización que imaginarse una forma de vida humana sin injusticia económica. Actualmente es más fácil imaginar la destrucción del mundo que su transformación emancipadora.
  La paradoja de Jameson se puede interpretar al menos de dos maneras. La primera se limitaría a comparar dos imaginaciones: la imaginación del fin del mundo y la imaginación de la abolición del capitalismo. Y se extrañaría de que lo que parece más fácil de lograr (que el capitalismo desaparezca) es, de hecho, aquello que nos representamos con mayor dificultad. Esta interpretación concluiría animándonos a esforzarnos por imaginar el fin del capitalismo, inventando una nueva utopía. A ello nos empujaría la misma situación de bloqueo, de dificultad, de urgencia que expresa la paradoja de Jameson. Es decir, precisamente porque lo más fácil de hacer resulta ser lo más difícil de imaginar, es necesario intentar visualizarlo.
  El segundo modo de entender la paradoja de Jameson considera, sin embargo, que no es posible comparar la imaginación del fin del mundo con la imaginación de la muerte del capitalismo (o de cualquier otro sistema de dominación social). Lo que la paradoja da a ver es, más bien, el carácter mítico de la imaginación del fin del mundo con todas sus consecuencia políticas.
  No es sólo que un fin sea más fácil de imaginar que otro. La paradoja va más lejos. Buena parte de las películas que retratan el fin del mundo suponen, en una arriesgada pirueta de fantasía, la continuidad del capitalismo, incluso después de acabado el mundo...
  Así ocurre de modo ejemplar en Matrix (1999). Matrix, el mundo virtual reconstruido por las máquinas tras una guerra con los humanos que destruyó la vida en el planeta, recrea expresamente el mundo capitalista (patriarcal, desarrollista, autoritario...) contemporáneo como la realidad virtual más equilibrada para las pilas-biológicas a que han quedado reducidas las personas. Es lo que el agente Smith (portavoz de las máquinas) explica a Morfeo (líder de la guerrilla humana que todavía se resiste al dominio maquínico).
  El agente Smith dice más. Si el entorno virtual más apropiado para los humanos es el sistema capitalista, se debe, según él, a que los humanos llevan en su misma esencia la pulsión capitalista: son como virus que parasitan y destruyen todos los espacios que habitan y tienen que desplazarse continuamente de un medio a otro. Smith repite así, y no por casualidad, la misma descripción que el Dr. Zaius había hecho de los humanos en las escenas finales de El planeta de los simios.
  Y todavía hay más. El sistema de dominación de las máquinas de Matrix es una alegoría del mismo capitalismo. El mundo del desierto de lo real donde se explota la energía de los humanos se corresponde con el mundo oscuro de la producción capitalista y sus derivados: la guerra y la pobreza de las periferias, la devastación del medio ambiente. La vivencia virtual de los guerrilleros que se internan en Matrix equivale al mundo “mágico” del consumo capitalista.
  Como realidad virtual, como esencia humana y como sistema post-humano, la verdadera protagonista de Matrix es la supervivencia del capitalismo... después del fin del mundo. Absurdo, sí, pero no por eso menos efectivo.
  Algo similar ocurre en otro clásico del género como es Independence Day (1996). En este caso, el capitalismo (mediante sus representantes estadounidenses) es el héroe que salva al mundo de una inminente invasión alienígena que amenaza con destruir el planeta. Pero, ¡oh, sorpresa!, el vencedor no es más que un capitalismo “bueno” frente a un capitalismo “malo”. Los alienígenas colonizadores son descritos con las mismas características que el agente Smith atribuía a los humanos, excepto que en lugar de la imagen del virus, los guionistas de Independence Day prefirieron hablar de langostas. Sus extraterrestres viajan de planeta en planeta devorando, como si fueran un enjambre de langostas, los recursos naturales de cada uno de ellos. Ejército de los Estados Unidos..., enjambres de langostas... (en Avatar (2009) aparecerán después identificados, aunque no sin ambigüedad), el caso es que sobreviva el mundo o se destruya, el capitalismo siempre pervive.
  El absurdo del mito del fin del mundo reside, entonces, en que no es más que una excusa para dar rasgos de inmortalidad, de invulnerabilidad al sistema dominante. De la misma manera que, en el Apocalipsis cristiano, el fin del mundo es para mayor gloria de Dios, en el cine de las últimas décadas, las catástrofes planetarias son para mayor gloria del capitalismo (y acompañantes).
  Hay una razón más por la que no es posible comparar la imaginación del fin del mundo con la imaginación de la desaparición del capitalismo. Como muestran la gran mayoría de estas películas, el asunto principal que está en juego en la imaginación del fin del mundo no es tanto su destrucción como su salvación. Lo que está en cuestión en ellas es si el mundo, la humanidad, la civilización serán salvados o no y por quién.
   En ese nivel de destrucciones y salvaciones fantásticas, la imaginación del fin del capitalismo reclamaría también un salvador... O, a lo sumo, la terminación del capitalismo podría presentarse como una salvación alternativa de un mundo en peligro. Y el salvador sería aquel que se designara imaginariamente como agente enterrador del capitalismo: las masas, la clase obrera, el partido, el pueblo, la ciudadanía consciente...
  Nos encontraríamos entonces con un nuevo problema. Un nuevo problema que está ligado inseparablemente a la imaginación del fin del mundo. Y es que la acción salvadora no es una acción real. En su fantasía quisiera ser como las acciones técnicas y anticipar con mayor o menor precisión el resultado de su puesta en práctica. Pero eso es imposible. La acción salvadora imagina que puede plantearse como objetivo impedir la destrucción del mundo, pero sólo quien pudiera abarcar con su mente la totalidad de los hechos del mundo y su encadenamiento podría anticipar su final y, por tanto, poner los medios para evitarlo. La acción salvadora tiene una indudable inclinación fundamentalista.
  Aunque eso en realidad no es lo más importante. La acción política colectiva de los movimientos sociales no sólo no es ni necesita imaginarse como acción salvadora, es que además tiene muy poco que ver con la acción técnica y similares. La acción política de los movimientos no puede anticipar el resultado de su apuesta. Le pasa lo mismo que a la investigación científica. Así como ésta ignora necesariamente lo que podrá llegar a conocer, la política de los movimientos no sabe cuánto poder social podrá ejercer. Nadie sabe lo que puede una multitud.
  La acción colectiva de los movimientos se realiza en un medio cambiante, como una fuerza compuesta de fuerzas y entre fuerzas. Y sus propias jugadas modifican el espacio en el que actúa. Puede (y necesita) dibujar el mapa de esas relaciones de poder social, pero no hay manera de anticipar el comportamiento de todos los actores involucrados ni el resultado de las respectivas tácticas. Puede (y necesita) entender los objetivos y los patrones de acción que ponen en juego las diferentes fuerzas políticas y sociales, pero no hay manera de saber en qué medida modificarán esos objetivos y patrones a la vista de los desplazamientos realizados por los demás. Puede (y necesita) marcarse unos objetivos propios, claros y ambiciosos, pero es mejor que esos objetivos no consistan en salvar el mundo o la humanidad. Es mejor que no sean dogmas inamovibles ni principios absolutos, sino esfuerzos en un proceso de alianzas y rupturas que sólo se cierra cuando agota una senda para abrir otra.
  Pidieron propuestas al 15M y algunos se apresuraron a ofrecer una lluvia de ideas. Le pidieron utopías y otros imaginaron una nueva amanecida. Pero, los diferentes acontecimientos han ido mostrando que el 15M, como cualquier otro movimiento social contemporáneo, no necesitaba hacer propuestas ni tampoco inventar nuevas utopías. El 15M necesitaba objetivos.
  Los objetivos destejen las redes de sentido que naturalizan la injusticia social. Y al tiempo dibujan el espacio de derechos comunes al que aspira el movimiento. Pero, los objetivos son, además, herramientas de trabajo socio-político. Son instrumentos de medición de los efectos de poder social que producen las acciones de los movimientos. Son herramientas para desbrozar un camino que no está señalizado. Y, sobre todo, son dispositivos que propician nuevas relaciones sociales.
  Muchas veces, esas herramientas son prestadas, han sido diseñadas para otros usos y el movimiento tiene que “desviarlas”, dotándolas de una nueva función. Y generalmente son provisionales: serán abandonadas en el momento en que ya no sirvan para ir más lejos. Si queremos un ejemplo del buen uso de los objetivos en este sentido complejo, observemos con atención la trayectoria de la PAH.

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Ofensiva contra la soberanía del agua municipal en La Mancha, por Víctor García de Lucas


En las últimas semanas, varios municipios de la zona enmarcada en el sistema de abastecimiento de la Llanura Manchega, han recibido propuestas por parte de la empresa pública IACLM pidiendo la cesión de la gestión de sus instalaciones del agua en Alta. ¿Qué implica el convenio presentado?, ¿qué consecuencias podría tener la firma de dicho convenio para la soberanía municipal sobre el agua de abastecimiento?, ¿qué ganan y que pierden los municipios? 
  Quizá convenga explicar primero qué significa “Sistema de agua en Alta”. Se trata del sistema de acopio, tratamiento y acumulación del agua, toda la fase previa a la distribución a la red municipal. Aquí entran depósitos de agua y sus elementos asociados como puedan ser los medios de obtención de agua (pozos, manantiales…), o de tratamiento de la misma (potabilizadoras o cloradores automáticos) y por supuesto los sistemas de bombeo y las grandes redes de canalización que transporta el agua entre esos elementos. 
  El “sistema de agua en baja”, por su parte, sería el de distribución a través de la red municipal hasta las acometidas que entran en cada una de nuestras casas (a partir del entronque a la acometida deja de considerarse red municipal). 
  El convenio presentado por IACLM afectaría al sistema de “agua en Alta”. ¿Pero qué es lo que se ha propuesto a los ayuntamientos? Analizando el convenio tipo presentado, sorprenden varios aspectos, todos ellos en la línea de que la propuesta supone la pérdida de la soberanía por parte de los municipios sobre sus medios de acopio, tratamiento y almacenamiento de agua, sobre su gestión y sobre sus beneficios. Todo ello sin aparentes contraprestaciones o mejoras, ni económicas, ni de servicio. 
  La empresa propone básicamente lo siguiente a los municipios: ellos ceden, de forma indefinida, la gestión de su agua en alta, con todos los derechos que ello significa y a cambio de ello únicamente ofrece la posibilidad de abastecerse de la Tubería de la Llanura Manchega con agua procedente del trasvase del Tajo-Segura, un agua más cara que la que tienen muchos de los municipios actualmente. En principio, poder abastecerse de la Tubería de la Llanura Manchega implica ciertas ventajas en momentos puntuales de desabastecimiento o de problemas de calidad del agua local, pero una propuesta de entronque y un contrato que permita el abastecimiento puntual en estos casos sería más que suficiente. Lo que se ofrece a los ayuntamientos se aleja mucho de esta solución. 
  La propuesta ni siquiera oculta la pérdida de soberanía de los municipios respecto a sus fuentes de abastecimiento, ya que deja claro que el proceso es indefinido en el tiempo y que la posibilidad de revertirlo es prácticamente inasumible económicamente para los municipios. Lo que IACLM pide ahora que le cedan de forma gratuita, solo lo devolvería previo pago de enormes sumas en concepto de gastos de inversión, gestión y lucro cesante (sin deducir de ello las ganancias producidas durante la concesión ni el valor de las instalaciones al comienzo de la misma), un coste que, en la práctica, ningún municipio podría asumir. 
  Pero, además de esta primera pérdida de soberanía municipal sobre uno de sus recursos más valiosos, los municipios quedan mucho más expuestos a ofertas por parte de empresas privadas por lo que aún queda en sus manos (el agua en baja). Efectivamente, Cuando una empresa privada realiza una oferta por la concesión del agua municipal, debe hacerlo acorde con el valor del servicio, con lo que, tras la pérdida de sus elementos más valiosos (precisamente donde más han invertido los municipios en las últimas décadas son los que la IACLM pide ahora a coste cero), bajará el valor total del servicio de agua y aumentará el interés de las empresas privadas por hacerse con la gestión de ese servicio, ahora “rebajado”. 
  Respecto al agua en alta, que se habría concedido a IACLM y, que habría quedado en manos de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, no quedaría exenta de privatización. En realidad buena parte del agua en Alta de Castilla-La Mancha está ya en manos privadas y, de hecho, el que esté bajo la responsabilidad de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha (a cargo de IACLM) no lo evita, sino todo lo contrario. Empresas privadas de agua como AQUALIA (FCC), DRAGADOS, DEGREMONT o SADYT-RAYET, ya gestionan los sistemas de abastecimiento de Algodor, Picadas I y II, Campana de Oropesa, Ceballo, Girasol, Tajuña, Bornova, Campiña baja, Valdepeñas o Taibilla, (casi la mitad del agua en Alta en Castilla-La Mancha) y la mayor parte de esos sistemas están bajo la responsabilidad de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. 
  El escenario más beneficioso para los municipios afectados sería el de unirse en una respuesta conjunta y, que ésta sea apostar por la soberanía sobre el agua que llega a sus ciudadanos. No se trata de perder la oportunidad de enganche a la Tubería de la Llanura Manchega ni a sus posibles beneficios, se trata de que este enganche no vaya ligado a la pérdida de la gestión de sus instalaciones de agua en alta. Los pozos que cada municipio tiene, los medios de tratamiento, los bombeos, los depósitos, etc., son un patrimonio en el que, durante décadas, los municipios han venido invirtiendo grandes cantidades de recursos; son elementos estratégicos asociados a algo vital para la vida de sus ciudadanos, que ninguno de ellos debería plantearse desprenderse de su gestión. 

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Carta de Ada Colau a Mariano Rajoy

Señor Mariano Rajoy. Señores diputados y diputadas del PP, miembros del Gobierno de España. Les escribe Ada Colau, pero esta vez no como portavoz de la Plataforma de Afecta­dos por la Hipoteca (PAH), sino como una ciudadana cual­quiera.
  Estos últimos días han sido intensos. La señora delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y otros miem­bros del Gobierno y de su partido, así como algunos medios de comunicación, han lanzado graves acusaciones contra mi persona. Se han dicho muchas mentiras o medias verdades deformadas: que si era filoterrorista, que si era simpatizante de no sé qué, que si estaba condenada en juicios inexisten-tes, que si era antisistema por acciones pacíficas varias, que si estaba subvencionada con millones de euros... Es igual. Los abogados me dicen que debo denunciar, y en algunos casos graves lo haré, pero no vale la pena perder tiempo respondien­do a la difamación. Sin embargo, se han acumulado algunos malentendidos de fondo que creo oportuno aclarar.
  En primer lugar, ustedes no han entendido el movimiento de la PAH. Dejen que les cuente. La PAH es un movimiento ciudadano en el que participan miles de personas, la mayoría afectadas, algunas otras solidarias, todas movilizadas por la defensa del derecho a la vivienda. Es un movimiento apartidis­ta, muy plural y transversal, en el que personas muy distintas hemos coincidido movidas por la indignación frente al abuso de las entidades financieras y la complicidad que éstas han encontrado tanto en su Gobierno como en el anterior. Por ello les digo que sus acusaciones de que el PSOE mueve los hilos de la PAH son ridículas y demuestran un desconocimiento de la realidad preocupante. Deberían venir a nuestras reuniones y comprobarlo. En ellas encontrarán votantes de todos los par­tidos y abstencionistas; clases medias y bajas; inmigrantes y autóctonos; jóvenes y mayores... Vamos, la ciudadanía en ge­neral.
  En segundo lugar, la PAH no tiene ni necesita lideresas. Parece que ustedes se han empecinado en buscar cabecillas a los que poder decapitar, como forma rápida de acabar con una protesta que a las entidades financieras, y ahora parece que también a ustedes, les resulta molesta. Yo no soy nadie importante ni especialmente brillante. Soy en estos instantes una portavoz, pero como yo hay miles de personas tanto o más implicadas. Ésa es la fuerza del colectivo: somos un movi­miento profundamente democrático, que apuesta por la des­centralización y el protagonismo de todas y cada una de las personas que en él participan. Ése es uno de los ingredientes secretos que explican que en los momentos más difíciles las personas saquen lo mejor de sí mismas. El empoderamiento y la solidaridad nos hacen imparables.
  Y, finalmente, hablemos de los escraches. Les molesta que podamos ir a protestar frente a su casa. Lo entiendo. A mí tampoco me gustaría. Pero si alguna vez hubieran acudido a un desahucio, entenderían que se trata de algo infinitamente más molesto. Hay miles de personas en una situación límite, en la calle y con deudas, en paro, sin tener qué comer... Y todo ello a pesar de que viven rodeadas de abundancia. Miles de familias viven en la calle en el país de Europa que más vivien­das vacías acumula. Pasan hambre en un Estado que permite que cada día se tiren toneladas de alimentos en buenas condi­ciones. Y ustedes gobiernan ese país, por lo que no debería sorprenderles que esas familias llamen a su puerta después de haber intentado en vano llamar su atención.
  Este movimiento, absolutamente ejemplar, ha agotado to­das las vías que la insuficiente democracia española ofrecía: durante más de cuatro años hemos intentado negociar con las entidades financieras, hemos hablado con los partidos políti­cos, con servicios sociales, ayuntamientos... Hemos puesto recursos en los juzgados y hemos recogido como hormiguitas casi un millón y medio de firmas. Pero nada, el Partido Popu­lar no se ha movido ni un milímetro y anuncia que rechazará las medidas de la Iniciativa Legislativa Popular.
  Qué casualidad. Justo en el momento en que la PAH cuen­ta con más apoyo social (entre el 80 por ciento y el 90 por ciento, según todas las encuestas). Cuando ya se han entre-gado el millón y medio de firmas de la ILP. Cuando la presión social les ha obligado a admitir a trámite esa ILP que no pen­saban ni debatir. Cuando llega una sentencia europea que da la razón a las personas afectadas y dice que las miles de eje-cuciones hipotecarias y desahucios que se han producido los últimos años en España son ilegales. Justo en este momento, cuando parecería que ya nada más puede retrasar la necesa-ria reforma legislativa, ustedes nos salen con una campaña de criminalización como única respuesta. En lugar de escuchar el clamor popular, intentan generar confusión llegando a com­parar nuestras acciones pacíficas con el terrorismo de ETA o la Alemania nazi. Hay que ser mala gente para decir algo así.
  Recuerden que en este tema de los desahucios de momen­to los únicos domicilios violados y los únicos muertos los ha puesto la población. No sus señorías, que hasta la fecha se han limitado a mirar desde lejos, y desde la comodidad, un drama que podrían haber evitado si hubieran actuado donde les compete, en el Congreso. Por supuesto que la ciudadanía no es tonta y en seguida ha visto que en toda esta campaña de difa­mación no se buscaba más que hacer ruido para desviar la atención. De modo que no les va a funcionar. La realidad es tozuda y miles de personas estafadas y desahuciadas no van a desaparecer por mucho que su Gobierno las ignore.
  Dejen que termine usando el paralelismo con la Alemania nazi al que ustedes recurren con tanta ligereza. Si bien la gra­vedad no es comparable, en ambos casos estamos hablando de situaciones de vulneraciones sistemáticas de derechos huma­nos. En España, afortunadamente, no estamos frente a cam­pos de concentración, deportaciones ni asesinatos masivos. Pero sí tenemos violentos desalojos y miles de personas empo­brecidas que ven comprometidas sus necesidades básicas, y condenadas de por vida a la exclusión social y la economía sumergida. Y todo para mantener los privilegios y los benefi­cios astronómicos de las élites financieras.
  Décadas después del nazismo, la sociedad alemana aún no se ha perdonado a sí misma el no haber sabido reaccionar a tiempo para evitar la barbarie. Pues bien, en España miles de ciudadanas y ciudadanos hemos decidido que en el futuro queremos poder mirarnos al espejo. Una democracia que per­mite la vulneración sistemática de derechos humanos, e inclu­so la promueve, no es democracia, por mucho que se vote cada cuatro años. Democracia será cuando el interés general se anteponga a los dictados de los mercados. Cuando nada sea más importante que la vida y la dignidad de las personas.
  Señor presidente, nunca es tarde para rectificar. No teman los escraches, no teman a la población. Bajen a la calle y ha­blen con la gente. Hagan justicia y detengan los desahucios. Hay vidas en juego que no pueden esperar más.

Barcelona, 8 de abril de 2013
 
Adelanto del libro de Ada Colau ¡Sí se puede!

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No pagamos y punto, por Colectivo "No pagamos" de Cuenca

Pocas personas quedan ya en nuestro país que a estas alturas no hayan advertido lo que el 15M dijo desde el primer día, que la situación social que atravesamos no es una crisis, es una estafa, es un proceso de expolio social.
  El dinero público se utiliza para rescatar a los bancos. Pero, los mismos bancos u otros prestan al estado al 6% un dinero que han comprado al Banco Central Europeo al 1%.
  Las reformas laborales, una tras otra, incrementan el poder de los empresarios sobre los trabajadores. Pero, además, por medio del paro y la precariedad, se arrebata el derecho al trabajo a millones de personas. Y al tiempo que se les hace vivir angustiadas, dependientes y con escasos ingresos, se desperdicia su talento y su saber hacer. A otras muchas se las echa de sus casas, pero tienen que seguir pagándolas.
  Los impuestos suben, aunque sólo los que afectan en mayor medida a las clases populares. Mientras, el fraude en el pago de los mismos campa a sus anchas entre los capitalistas, que además reciben numerosos beneficios fiscales a través, entre otras formas, de las SICAV y las fundaciones.
  Los recortes se ceban en la sanidad y la educación públicas, en los servicios sociales, en la lucha contra el machismo y su violencia, en el transporte público barato, en la cultura, en la justicia..., precisamente allí donde la que va a salir más perjudicada es la gente común. Las privatizaciones, carentes de derecho, se aceleran para el enriquecimiento de algunos y el empobrecimiento de los demás.
  La impunidad es la regla general frente a la corrupción política y empresarial. No se persigue a los responsables, y cuando se hace, acaban siendo indultados. Las mismas personas pasan de ocupar puestos de responsabilidad política a sentarse en sillones de grandes empresas y viceversa con la mayor facilidad.
  En Cuenca, proyectan colocar un cementerio nuclear en Villa de Cañas, privatizan el agua de la capital, quieren cerrar la línea del ferrocarril y desprotegen en general el mundo rural.
  Pero el expolio social no queda ahí. Todo ello lo corona el sometimiento de los sucesivos gobiernos a los dictámenes económicos de los mercados financieros y las organizaciones internacionales y el consecuente uso de los aparatos represivos contra todos los que buscamos impedir que nuestros derechos nos sean arrebatados.
  Ante este acoso y destrucción de nuestros derechos sociales y políticos, las personas de buena fe sólo podemos decir que nos negamos a pagar su estafa.
  “Nuestra educación no pagará vuestra deuda”, decían los estudiantes no hace mucho. Ni nuestra educación ni nuestra sanidad ni nuestra democracia ni nuestra solidaridad ni nuestro medio ambiente ni nuestros bienes comunes ni nuestra vivienda ni nuestras familias ni nuestro futuro ni nuestra felicidad ni nuestra vida pagará vuestra deuda, pagará vuestra estafa, añadimos nosotros.
  No debemos, no pagamos, y punto. Y por ello, exigimos:

1.Devolución del dinero entregado a los bancos. Auditoría ciudadana de la deuda. Desconstitucionalización del déficit. Banca pública y ética.

2.Educación y sanidad públicas, gratuitas y de calidad. Derogación Ley 15/97. Servicios sociales de calidad. Justicia gratuita. No a los recortes del gasto público, no a la privatización de los servicios públicos ni de los bienes comunes. Gestión pública de los sectores estratégicos de la economía (energía, telecomunicaciones..). Democratización del funcionamiento interno de los servicios públicos y sociales y de la gestión pública en general, que deben estar dirigidos a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, nunca al beneficio privado de empresas o corruptos. Cultura, información y comunicación libres y gratuitas.

3.Transporte público barato y de calidad. Revitalización del mundo rural. Cierre de las centrales nucleares, inversión en energías renovables. Cultura del decrecimiento, del amor y respeto a los animales y a la naturaleza. Abolición de la obsolescencia programada. Cultura de la paz. Lucha decidida contra el machismo en todas sus formas.

4.Consejos de trabajadores y trabajadoras en paro y en precario para que puedan expresar su propia voz. Reparto justo del trabajo, salario digno, jubilación a los 60 años. No a la precarización del empleo. Poder de los trabajadores en las empresas. 1200 euros de salario mínimo interprofesional. Reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales.

5.Derecho garantizado al acceso a una vivienda digna. Dación en pago retroactiva. Dación en pago opcional para aquellos que no tengan otro lugar en el que alojarse, y si éste es el caso, que la deuda entre en suspensión hasta que la persona o familia afectada vuelva a tener una fuente de recursos suficiente con la que hacer frente a la deuda. Parque de viviendas de alquiler social. Promoción de cooperativas de vivienda.

6.Reforma fiscal que permita distribuir de forma justa la riqueza que producimos entre todos y todas. Persecución de la evasión fiscal y eliminación de los beneficios fiscales de los ricos. Cobro del IBI a la Iglesia. Renta Básica universal y suficiente para todas las personas. Ninguna persona hambrienta o desprotegida, ninguna persona sin recursos para combatir el frío.

7.Eliminación de prebendas a los políticos. Prohibición de las puertas giratorias entre partidos y empresas. Prohibición de que los partidos tengan financiación privada distinta de las cuotas de sus afiliados. Democracia representativa subordinada a la participativa. Referéndum sobre la forma de estado: monarquía o república. Europa de las personas, no de los mercados.

8.Paralización del proyecto del cementerio nuclear de Villar de Cañas. Marcha atrás en el cambio de gestión del agua de Cuenca. Mantenimiento y mejora de la línea del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia. Activación de la vida rural conquense.

Al margen de lo que hagan o dejen de hacer partidos, sindicatos o asociaciones, los ciudadanos como tales, por nosotros mismos, hemos de hacernos cargo de esta lucha, de esta defensa que es al mismo tiempo una conquista social de nuestros derechos comunes.
  La forma más adecuada para ello es, sin duda, la asamblea ciudadana abierta, una asamblea sin otras condiciones de entrada que no sea el deseo de cada persona de tomar parte activa en la construcción de una vida social más justa, una asamblea sin secretos y sin órganos de dirección, una asamblea en la que las decisiones se toman horizontalmente y por consenso y en la que se pone en acción la inteligencia colectiva y el esfuerzo en común.

Colectivo “No pagamos” de Cuenca.

Desde el Colectivo “No pagamos” de Cuenca estamos trabajando para constituir una asamblea de esas características y con estos objetivos en nuestra ciudad. Si tú también lo ves necesario, ponte en contacto con nosotr@s: nopagamoscuenca@gmail.com

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Venezuela: elecciones y reversibilidad de los cambios sociales, por John Brown

Frente a Venezuela y la revolución bolivariana, toda la prensa española es de extrema derecha. El odio de clase y el racismo colonial con que trató el franquismo a las clases populares de nuestro país se exportan directamente a Venezuela. La lumpenoligarquía de El País se atreve así a hablar del "lumpen chavista", no pudiendo aceptar el acceso a la vida política de los excluidos que constituye el rasgo principal de la democracia. La derecha española en todas sus variantes -la derecha de la derecha, el centro de la derecha y la izquierda de la derecha- tiene experiencia en "corregir" resultados electorales: todavía estamos viviendo los resultados de la "corrección" operada en el 36, cuando por última vez en España las mayorías sociales aspiraron a una hegemonía política. Venezuela -al igual que Cuba- es para ellos una insoportable excepción a la regla según la cual no debe ser la mayoría social trabajadora, sino los poderosos, los ricos, los amos, quien detente la hegemonía social y política. La revolución venezolana está por eso íntimamente conectada a los procesos sociales y políticos españoles: basta ver cómo el presidente Maduro respondió a la injerencia desvergonzada del ministro español de asuntos exteriores afirmando que haría mejor en "ocuparse del 25% de desempleo". Sólo en una cosa discrepo de esta declaración del Presidente Maduro: el paro en España asciende ya a casi un 27%... En la asamblea nacional venezolana se puso hoy mismo como ejemplo de la regresión social que habría supuesto el triunfo de Capriles lo que está haciendo el PP en España: el empobrecimiento, el paro, los desahucios.
  Hoy, el odio de clase desatado en Venezuela por parte de las derechas se dirige preferentemente contra los CDI (Centros de Diagnóstico Integral) que cuentan con la generosa y eficaz cooperación de médicos cubanos, contra los mercales (supermercados subvencionados) y contra las sedes del PSUV y sus militantes. Dos de las personas asesinadas por la turbas de la derecha defendían un CDI, otras estaban en sedes del partido chavista mayoritario. El odio de la oligarquía toma como objetivo los logros de la población más pobre, los símbolos de la solidaridad cubana, los responsables de un poder electoral que ha permitido que las elecciones no se falsearan y que los sectores populares no desapareciesen de la escena política como ocurría en el régimen bipartidista y turnista anterior. La oligarquía destruye lo que no soporta, los símbolos de la dignidad de los pobres y del reparto de la riqueza, los símbolos de una democracia arraigada en las clases populares.
  La coyuntura abierta por la pérdida de unos 600.000 votos por parte del chavismo es sumamente peligrosa. La revolución bolivariana logró mantenerse sin recurrir al terror revolucionario por dos medios: el reparto de la riqueza petrolera que permitió evitar una expropiación masiva de la oligarquía y financiar ambiciosos programas sociales y unas victorias electorales contundentes e indiscutibles. La guillotina y el terror se sustituyeron en la Venezuela bolivariana por unas urnas limpias y transparentes que hacían y hacen posible que las aspiraciones de los pobres se traduzcan en acciones de gobierno. La renuncia a la violencia revolucionaria y a la expropiación de la oligarquía, el intento de basar una política socialdemócrata radical de reparto de la riqueza en un movimiento social revolucionario, pero esencialmente pacífico y fuertemente orientado a los procesos electorales, son características que constituyen a la vez la fuerza y la debilidad del proceso bolivariano. No hay que olvidar que un aspecto fundamental del "socialismo del siglo XXI" es el intento de distanciarse del socialismo del siglo XX y de los modelos despóticos de tipo soviético: socialismo y democracia son hoy -de nuevo- inseparables. La respuesta más eficaz al anticomunismo de los 80 han sido sin duda las democracias revolucionarias latinoamericanas. Este elemento democrático es valiosísimo e irrenunciable, pero no es incompatible con la necesidad de un anclaje de la democracia revolucionaria en unas relaciones sociales transformadas. El Programa de la Patria de Chávez asumido por el Presidente Maduro incluye importantes elementos que van en ese sentido: se trataba y se trata de crear situaciones sociales y económicas, en la medida de lo posible, irreversibles. Es necesario cambiar las relaciones de propiedad, pero también las relaciones de apropiación real de la riqueza y de los comunes productivos. Si bien la revolución bolivariana ha conseguido ya importantes logros sociales que hasta el candidato Capriles tuvo que comprometerse -de boquilla- a mantener, todos estos logros son desgraciadamente reversibles si las relaciones de producción hegemónicas siguen siendo capitalistas.
  Solo un cambio de la constitución material inducido desde los movimientos sociales permitiría que la democracia socialista funcionase como en Europa o Estados Unidos... pero al revés. De lo que se trata es de que un cambio electoral no permita cambiar la base material, de que, incluso si gana la derecha las elecciones, le resulte a esta prácticamente imposible cambiar nada esencial. Como aquí le ocurre a la izquierda que hace necesariamente una política de derechas. La revolución bolivariana estará perfectamente consolidada cuando los cambios electorales solo afecten a cuestiones de importancia secundaria, sin que los logros democráticos y sociales, el acceso libre e igual de toda la población a la riqueza y a los comunes productivos estén en peligro a cada consulta electoral. Solo en estas condiciones, podremos estar seguros de que NO VOLVERÁN.

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Contar la crisis, ocultar la estafa, por Miguel Álvarez

En la construcción de la narración oficial de esta crisis económica, el sistema mediático no sólo ha fallado en su labor de informar, sino que ha jugado un rol fundamental como elemento constitutivo. En primer lugar, la existencia de una burbuja inmobiliaria internacional era bien conocida mucho antes de 2008, pero no hubo una voz de alerta efectiva. Tampoco para los riesgos ocasionados por la desregulación financiera (“apalancamiento” de bancos “demasiado grandes para caer”, productos financieros de origen no trazable, evasión fiscal sistematizada, etc.), cuyos beneficiarios fueron precisamente los mismos grandes capitales que hay tras los principales grupos mediáticos: propietarios, prestamistas, anunciantes o sencillamente lobbies capaces de condicionar lo que se dice y lo que se calla. 
 La definición misma de “crisis” como un trance que empieza cuando las bolsas del mundo se desploman junto a Lehman Brothers, no es neutral. ¿Por qué no empezar a hablar de crisis, años antes, cuando el índice de desahucios crecía a más del 400%? El solapamiento de intereses entre los sistemas bancario y mediático a nivel internacional, explica por qué este no cumplió como “perro guardián” ante la catástrofe que se venía gestando en el casino global, o por qué arranca la “crisis” cuando se hunden bancos, no familias. Es una operación de naturalización de la perspectiva del inversor frente a otras perspectivas.
  Desde aquél arranque, los titulares de portada adoptaron una estrategia del miedo, relatando la crisis mediante el modelo del Desastre Natural, como un huracán que golpea, un terremoto global, una tormenta de turbulencias económicas, un tornado (fórmulas tomadas de portadas de El País sucesivas a la caída de Lehman) que justifica un Plan de Rescate (bancario). Acuñando este marco interpretativo se consigue que admitamos la economía como algo ingobernable, donde los dioses mercados exigen sacrificios humanos, sin lugar para exigir control democrático, puesto que no tiene sentido oponerse a un terremoto. 
  Estrategias narrativas como estas han construido una matriz de opinión a medida de los intereses de una élite económica, que torna en razonables rescates bancarios y sacrificios ciudadanos, proyectándolos como intereses colectivos de toda la población. Ciertos clichés resuenan como mantras del nuevo credo: “si los bancos quiebran habrá paro”, “facilitamos el despido para crear empleo”, “recortes para dar confianza a los mercados”, “moderación salarial para mejorar nuestra competitividad”, “lo público es insostenible”, “las huelgas vulneran el derecho a trabajar”,etc. una nueva fe que hegemoniza la lógica capitalista sobre cualquier otra forma de entender el mundo, las necesidades del dinero sobre las de la humanidad. El secuestro del sentido común, que postula como natural y necesaria la estrategia política de una minoría dominante, se refleja en el desgaste semántico de términos como democracia, y en la aparición de personajes emergentes como el emprendedor, que homologa una misma categoría para Botín y el peluquero de la esquina, como si tuvieran roles, problemas y necesidades políticas comunes.
  Todo concepto reiterado por la narración oficial debe ponernos en guardia, especialmente el de crisis, pues invita a pensar que la organización económica que vivíamos era correcta pero encontró dificultades,  y que un día superaremos el bache y se “saldrá de la crisis”: volverá el crecimiento y todo será como antes. Esto no va a pasar. Esta fábula oculta que en realidad las medidas adoptadas consolidan un cambio de modelo socioeconómico para el sur de Europa, no habrá retorno a un punto de partida, como tampoco ha habido depuración de responsabilidades ni rectificación, sino una huida hacia delante en la que los procesos de “flexibilización” (precarización) laboral o “liberalización” (privatización) de lo público, pregonados por la doctrina neoliberal que nos ha traído hasta aquí, no han hecho más que acelerarse. La crisis no ha sido para todos: el beneficio empresarial ha seguido en positivo, y por primera vez ha superado a los salarios en el reparto de riqueza nacional. ¿Crisis inevitable o estafa de unos pocos? El archimillonario Warren Buffet lo aclaraba muy honestamente en 2011 cuando dijo aquello de que “es una lucha de clases, y es la mía la que va ganando”.

Miguel Álvarez, periodista y profesor de periodismo.

El artículo apareció originalmente en el nº12 de madrid15m:

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Manifiesto ante el aniversario de la proclamación de la II República, por IU

Celebramos el próximo día 14 de Abril el 82 aniversario de la proclamación de la II República Española. En el espacio de apenas cinco años y pese a la sistemática resistencia del poder económico, militar y eclesiástico, la "república de trabajadores de toda clase" inició la reforma agraria, instauró el estado laico, generalizó la jornada laboral de 8 horas, reguló el derecho de huelga, potenció los convenios colectivos, impulsó la educación, la ciencia, el arte y la cultura, reconoció el derecho de voto a la mujer, legalizó el divorcio y aplicó una política exterior de defensa de la paz y la democracia. 
  Por su orientación y realizaciones, la II República significó para amplios sectores sociales más derechos y más democracia. 
  Sin embargo, ese proyecto de país apenas esbozado fue truncado por el golpe militar-fascista de 1936. Los cuarenta años de dictadura que le siguieron desmantelaron esa obra y blindaron en el poder a una coalición de militares, banqueros y miembros de la jerarquía eclesiástica. 
  Pasados bastante más de 30 años de la llamada Transición, la crisis económica es utilizada para acabar con conquistas duramente conseguidas haciendo a su vez que el marco político entre también en crisis. 
  Las políticas que se aplican por el Gobierno para beneficio insultante de la banca y demás agentes responsables de la crisis, contrastan con las sangrantes cifras de parados que no cesan de aumentar. Crece el miedo, la preocupación lógica de las familias, crece el número de situaciones de ajuste empresarial descaradamente oportunistas y, en definitiva la precariedad y la temporalidad alcanza unos niveles inasumibles. También asistimos a los casos continuados de desahucio de familias que son desposeídas de sus viviendas por no poder hacer frente a créditos hipotecarios otorgados en fraude de ley, y que suponen verdaderos atropellos a la ciudadanía, mientras que desde el partido del Gobierno intentan reducir a la nada la Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Congreso. El poder del mercado determina al poder político, desmantela los avances políticos y sociales y limita la democracia. El sistema político, con la ley electoral como punta de lanza, constriñe y falsea la participación y la voluntad popular. La reciente reforma constitucional consagra el sometimiento del bienestar social a los intereses de los especuladores y los banqueros. 
  Para el republicanismo, los valores de justicia, libertad, igualdad y solidaridad son incompatibles con una política económica, tan cicatera con los trabajadores como consentidora con los poderosos, que el actual Gobierno lleva a efecto. El capitalismo es la negación de la democracia. 
  Como un elemento más, llega a esta fecha la Casa Real en el peor de sus momentos, y con un desprestigio en aumento: los escándalos que se suceden continuamente, que incluso han llegado al Parlamento, el descubrimiento de herencias en Suiza, la implicación del yerno del Rey en delitos económicos y finalmente la imputación de la infanta Cristina dejan al descubierto la imposibilidad de que una familia, los Borbones en este caso, sigan ostentando la Jefatura del Estado. Más que nunca se hace necesario que este país se rija de forma democrática en esa institución. Es de todo punto incompatible la democracia con los derechos de sangre. Es inadmisible la opacidad de los gastos que supone el mantenimiento de la casa Real. La monarquía es incompatible con la democracia: nuestro país lo ha demostrado. Es una condición necesaria, aunque no suficiente el cambio en el modelo de la Jefatura del Estado. 
  Defendemos la laicidad del Estado, de forma que las creencias religiosas queden en el seno de la conciencia personal de las gentes. Igualmente afirmamos que la educación pública debe ser laica, sin asignaturas de religión, ni privilegios para ninguna confesión religiosa. No se puede seguir argumentando que los Acuerdos con la Santa Sede, de 1976 y 1979, son un muro insalvable para avanzar hacia una sociedad y una escuela laica. Exigimos su denuncia y derogación. 
  Llamamos a la ciudadanía a extender la movilización por la III República, vinculándola con las luchas concretas de las trabajadoras y trabajadores, de los movimientos sociales, de los jóvenes, del movimiento vecinal y, en general, con la fuerza de la memoria de uno de los más destacados ejemplos de rebeldía, de resistencia y de internacionalismo: el de las generaciones que en la Guerra Civil y la lucha contra la Dictadura dieron su vida y su juventud por la libertad, contra el fascismo.

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AGUA: Titularidad, gestión y REGULACIÓN 100% pública, por Liliana Pineda

Para entender la gravedad del proceso de privatización de las empresas públicas del agua que se está intentando llevar a cabo en muchos lugares de este país, no basta con identificar y describir, en primer lugar, el porcentaje público de titularidad de los bienes (demaniales o patrimoniales) comprometidos en la prestación y el modelo de gestión de los servicios y las infraestructuras vinculados a este elemento; o, en segundo lugar, la envergadura y el grado de complejidad de la propia gestión que se realiza (el ciclo integral del agua en su totalidad o sólo de una parte); la magnitud de la población abastecida (miles o millones de habitantes); la dimensión de las infraestructuras que se explotan (grandes embalses, estaciones de tratamiento de agua potable, tuberías de distribución de agua, colectores de aguas residuales, estaciones depuradoras, etc.); y la mayor o menor extensión de las redes de abastecimiento y saneamiento conectadas. También es necesario analizar el régimen de regulación existente (respecto del propuesto para su privatización), y sus alcances jurídicos y políticos. Un régimen que, por otra parte, es continuamente afectado cada vez que se traspone una directiva comunitaria[1], o entra en vigor un tratado o un protocolo internacional[2], o se dicta una sentencia por parte del Tribunal de Justicia de Luxemburgo sobre la legalidad de una determinada empresa de servicios públicos[3].
  No es lo mismo que se trate de una empresa pública constituida como ente público o sociedad estatal, que una sociedad anónima, aunque su titularidad sea 100% pública, ya sea propiedad del Estado, autonómica o municipal, o de cualquier otro estrato administrativo, o sea pública de un modo total o parcial. Pues no da igual que esté sujeta a una regulación de carácter público y, por tanto, vigilada por organismos de control y/o de inspección como puede ser untribunal de cuentas, que si se trata de una sociedad anónima de carácter mercantil, que “podría” escapar a dicha vigilancia en función de la voluntad política de los regidores públicos que la hayan constituido. Dependiendo de su regulación jurídica un accionista de una empresa mayoritariamente pública tendrá mayor o menor capacidad para ejercer un control efectivo sobre su gestión y adoptar, o no, objetivos que pueden ser tan diversos y cambiantes como el propio proceso político.
  Actualmente hay muchas similitudes en la gestión de las grandes empresas privadas y las grandes empresas públicas. Cada vez son más burocratizadas y despersonalizadas, por eso el control público y los mecanismos de participación, que solo pueden ser garantizados a través de una regulación adecuada, inciden decisivamente en su diferenciación y en el éxito de sus objetivos, sometidos, en el caso de los servicios públicos, a la satisfacción de necesidades humanas con garantía de universalidad, equidad, continuidad y suficiencia financiera (con origen en los recursos públicos), por encima de toda consideración en términos de persecución de beneficios, y al margen de cualquier intento de financiarización.
  Diferenciándola conceptualmente de la “public company“[4] estadounidense, la Unión Europea define la empresa pública como aquella en la que los poderes públicos pueden ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, la participación financiera o las normas que la rigen. En el caso de las Sociedades Anónimas creadas por Administraciones públicas, el criterio para determinar si deben ser o no consideradas públicas no es tanto el porcentaje de acciones en poder del sector privado (100%, por ejemplo) como el control efectivo que el Estado, o la administración correspondiente, tiene sobre el proceso de toma de decisiones en la empresa, y su capacidad para ejercer presión política directa en la compañía. Pero el hecho de que las propias empresas públicas puedan constituir por sí mismas “empresas vehículos”, con fines que se distancian mucho de los objetivos para los que fueron creadas[5], hace necesario que nos preguntemos si a los efectos de garantizar la aplicación de principios que hoy consideramos fundamentales para la “Res-Pública”, como laparticipación y la transparencia, que también nos vienen y vendrán dados y desarrollados por normas comunitarias (cuando no traspuestos en la legislación local), nos conviene re-pensar la definición de empresa pública y sus efectos jurídicos prácticos, que en materia de control y participación pueden llegar a ser contrarios a lo que defendemos.
  Esta necesaria “redefinición” se pone de manifiesto no solo en los conflictos que pueden producirse entre organismos, entes, agencias, asociaciones, sociedades y fundaciones públicas, así como en aquellos que surgen entre sociedades públicas o fundaciones de iniciativa igualmente pública, y los sujetos privados, sino, también, en las necesarias relaciones que existen y deben existir entre esas personalidades jurídicas y sus Administraciones Públicas matrices; es decir, las relaciones que se desprenden o derivan de los contratos “domésticos”, o contratos in house[6], como se conocen en la doctrina jurídica europea.
  Así como de manera deliberada se han venido potenciado normativas que garantizan los derechos de los consumidores, y en algunos casos estos encuentran vías institucionales más garantistas que las previstas para la defensa de los propios derechos humanos[7], asimismo encontramos que, paralelamente, se ha desarrollado de manera exagerada el derecho de la competencia para garantizar el sacralizado mercado “libre” y, por ello, con urgencia se nos impone responder a la pregunta: “¿pueden las Administraciones echar mano sin más de sus entes instrumentales o han de someterse como cualquier particular a los dictados y a los múltiples recovecos del derecho de la competencia?[8]” Aspectos que tendremos que tener en cuenta al tiempo que analizamos no sólo los procesos de privatización, sino aquellos que tienen que ver con los convenios y encomiedas de gestión[9], debiendo, a la vez, resolver la cuestión que nos planteamos al principio: ¿cuál debe ser el carácter de la legislación que regula la titularidad y la gestión de los servicios públicos del Agua, si defendemos que sean 100% públicos en su titularidad y gestión?…


[1] Trasposición de la Directiva Marco del Agua Directiva 2000/60/CE


[3] Sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo c-295/05, de 19 de abril de 2007,



[6]Según Francisco Sosa Wagner [“El empleo de recursos propios por las Administraciones locales”. Estudios de Derecho Público Económico, Civitas, 2003], los contratos “in house” son aquellos suscritos entre la propia Administración a través de sus instrumentos personificados para atender sus necesidades de suministro de bienes, prestación de servicios, realización de obras, etc. Se fundamentan en la capacidad autoorganizativa de las Administraciones Públicas con el fin de obtener una mayor eficiencia en los procedimientos de contratación.

[7] Con excepción del recogido en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. http://www.un.org/es/documents/udhr/

[8] Sosa Wagner, “¿Pueden los contratos quedar en casa?” Diario La Ley Nº 6715, Año XXVIII, 17 de Mayo de 2007, Ref. D-118

[9] Condenados a desaparecer en favor del “MERCADO DE LAS CONCESIONES”.

Liliana Pineda. Miembro de ATTAC Madrid.

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Gregorio López Sanz y Fernando del Amo explican la reducción del déficit en Castilla-La Mancha, por ATTAC CLM

La presidenta Cospedal asegura que el pasado año ha recortado el déficit en seis puntos. Lo anuncia como un logro, pero no cuenta lo que esta medida ha supuesto en despidos, recortes de derechos y dificultades para los habitantes de la región y sobre todo oculta que el sentido de esas medidas es ideológicas y “aumentan la desigualdad y favorecen a los ricos”. La presidenta tampoco dice que puede hacerse de otra manera y con otros ritmos. Para aclarar las consecuencias de estas medida, Attac CLM ha entrevistado a los economistas Gregorio López Sanz, profesor de Economía Política, miembro de Attac y profesor en la universidad de C-LM y Fernando del Amo, economista y presidente de Attac Castilla-La Mancha.

Attac CLM.- ¿Cual ha sido el costo de rebajar el déficit?

Gregorio López Sanz.- La política de reducción del déficit de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha llevado por delante las principales consecuciones del estado del bienestar en nuestra región: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Todo el esfuerzo se ha puesto en reducir los gastos públicos y en privatizar servicios públicos.

¿Cómo se ha llegado a esta cifra, de rebajar el 6%?

Fernando del Amo.- Lo primero es decir que las cifras carecen de la transparencia y la claridad que a la que tenemos derecho. El año 2012 en Castilla-La Mancha se ha pasado de un déficit de más de 2.500 millones a uno de 530. Estos 2.000 millones se han conseguido:

Uno, del lado de los ingresos se ha producido una caída de 77 millones sin contar los préstamos. A menor actividad, menos recaudación.
Y dos, del lado de los gastos en estas cuantías aproximadas:
540 Millones en gastos de personal
830 Millones en gastos de bienes corrientes
630 Millones en inversiones y ayudas al capital
Además por efecto del aumento de la deuda los intereses han aumentado en 100 millones.
 
¿Qué significan para las personas de Castilla-La Mancha, esos números, esos recortes de los gastos?

F. del Amo.- Del lado de los ingresos y de los intereses es el resultado del efecto de la llamada “financiarización”. Los gobiernos han abandonado la recaudación de impuestos a los más ricos y les han rogado que les presten dinero.
  Del lado de los gastos, la reducción de las partidas de gastos explican a las claras las políticas de este gobierno.
  En personal se ha traducido en el despedido de de más diecinueve mil empleados públicos -19.300 segun Comisiones Obreras-, de la supresión de la paga extra de diciembre, de las reducciones anteriores de sueldos y de las ayudas a los empleados.
  En gastos corrientes supone para muchas empresas de la región quedarse sin su mejor cliente (la Junta es la principal empresa de la región). Así, los emprendedores tan queridos por este gobierno se encaminan a la ruina y al cierre entre los impagos de las administraciones y la pérdida de clientela. También gastos como mantenimiento de colegios o convenios con residencias se ven afectados. Estas semanas algunas residencias de ancianos han echado el cierre.
  Menos subvenciones y ayudas cuando más falta hace han supuesto la desaparición de la cooperación, el abandono a su suerte de dependientes, familias, personas desfavorecidas, pensiones más bajas o el final de programas de ayuda a la infancia y a mujeres. Todos estos colectivos dedican su escasa renta al consumo de bienes de primera necesidad y en comercios cercanos a su hogar. Su pobreza arrastra el pequeño comercio regional.
  Reducir la inversión pública cuando se desploma el gasto privado es lo que no debe hacerse para salir del agujero.

¿Era necesario...?

G. López.- Lo de reducir el déficit público de las administraciones públicas al 3%, según lo establece Maastricht (año 1992), y ahora al 0,5% según lo acordado en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (año 2012), es una arbitrariedad como otra cualquiera. Pero esto no es lo peor, lo sangrante es que ese déficit, que de momento está muy por encima en los países periféricos del euro, sólo se puede financiar acudiendo a los mercados de capitales privados, pagando unos intereses de usura, de acuerdo con lo establecido por la susodicha prima de riesgo. Esto está suponiendo que los costes financieros resultantes de pagar los intereses de la deuda son cada vez mayores, se comen una parte creciente del presupuesto como gasto prioritario, y obliga a recortar a diestro y siniestro. Si el Banco Central Europeo financiara directamente a los estados miembros a los mismos tipos de interés que prestan a los bancos privados (0,75%), no habría ningún problema en que el déficit fuera sustancialmente mayor, y los costes financieros para los estados, nulos o muy bajos. Es una decisión política, que se podría tomar, si quisieran.

¿Cual, crees, que es la siguiente medida de recorte?

G. López.- La realidad y la desfachatez de nuestros representantes políticos, supera la ficción. Ahora dicen que quieren aumentar ingresos, y no se les ocurre otra cosa que vender los Montes de Utilidad Pública que son “propiedad” de la Junta de Castilla-La Mancha. Pues no, lo de propiedad entre comillas, es para resaltar que la Naturaleza no pertenece a un Gobierno Regional, ni Central, ni Local. La Naturaleza merece todo nuestro respeto y trabajo en pos de su conservación y disfrute POR EL PUEBLO, por los hombres y mujeres que siempre han utilizado nuestros montes y de ellos han obtenido su sustento: leña, pastoreo, plantas medicinales, caza, madera, esparcimiento. La Naturaleza, los montes, son vida en estado puro, y con la vida no se comercia, ni se vende al mejor postor para que nuevos o viejos señoritos cerquen y vallen a sus anchas lo que es de todos, propiedad común, para disfrute y uso de los miembros de la COMUNIDAD que vive en su entorno, mediante sistemas de gestión no agresivos. ¡Qué poco respeto por la vida! Aunque no es nada nuevo. ¿Qué podíamos esperar de responsables políticos que justifican que los pueblecillos rurales de nuestra tierra no se merecen servicios sanitarios de urgencias?

¿Podía haberse hecho otra cosa…de otra manera? ¿Hay otras medidas posibles?

F. del Amo.- Pasar en un año de 2.500 a 500 millones supone condenar a la región, condenarnos a todos los que vivimos en Castilla-La Mancha al paro, la pobreza y la desigualdad…. El Producto Interior Bruto (PIB) regional ha caído en más del 3%, la mayor caída de toda España y precisamente por la reducción del gasto público. En esta situación debiera relajarse el déficit. Si la Unión Europea ha dejado al gobierno de Rajoy incumplir el déficit llegando casi al 11% sin incluir el “no rescate” a la banca, ¿por qué a los responsables de la sanidad, la educación y las políticas sociales de nuestra región, no se les permite también? Eso es una postura ideológica porque aumentar la desigualdad favorece a los más ricos, al igual que empeorar los servicios públicos para malvenderlos les favorece también.
  Además la caída de la recaudación y la falta de transferencia del Estado central ahogan a la región (1300 millones en 2011 y casi 300 en 2012). Sustituir transferencias a coste cero a las autonomías por líneas de crédito favorece una vez más a los bancos que los conceden y supone aumentar la deuda a niveles nunca vistos y con una carga de intereses que irán subiendo cada año obligando a nuevos ajustes en los próximos años.

G. López.- No han puesto ningún interés en incrementar los ingresos públicos por la vía de aumento de impuestos a las grandes fortunas, esas que siguen teniendo su dinero creciendo y engordando al calor de los paraísos fiscales, sin pagar ni un euro a la hacienda pública. Cada caso de corrupción que sale a la luz nos muestra con toda crudeza la connivencia entre los poderes financieros, empresariales y políticos, enredados en una orgía de mangoneo y criminalidad, donde siempre, siempre, aparecen cuentas en paraísos fiscales. ¿A qué esperan para cerrar estas cuevas de ladrones? Ya no hacen falta más pruebas. Todo el mundo lo sabe… menos enseñar declaraciones de la renta y más vergüenza.

F. del Amo.- Atacar a las autonomías y ayuntamientos cortándoles la parte del presupuestos que les corresponde supone poner en cuestión la educación, la sanidad o las políticas sociales y además centralizar el gasto favorece a los intereses de las grandes corporaciones que a través de sus lobbies en Madrid o Bruselas obtiene cuantiosos beneficios con decisiones que poco tiene que ver con lo que desean los ciudadanos a los que dicen representar.

Fotografía:  

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Poder Constituyente y Poder Popular, por Luis Ocampo

Asistimos a una profunda crisis de legitimidad de la institucionalidad actual: Monarquía, aparato político, tribunales, instituciones económico-financieras, aparato mediático, fuerzas de seguridad del Estado... prácticamente nada se salva si hacemos excepción de aquello que precisamente están liquidando desde el propio Estado, Sistema Sanitario y Sistema Educativo.
   La situación es de gravedad para el propio bloque dominante español, por un lado necesita seguir impulsando una política económica que les viene impuesta por el capitalismo especulativo autóctono e internacional, pero al mismo tiempo son conscientes de que la profundización en esa política neoliberal no sólo generará cada vez más rechazo social, sino que intensificará la deslegitimación del Régimen surgido de la transición. Esa es una diferencia sustancial con respecto a las movilizaciones sociales contra los recortes en otros territorios de Europa, se cuestiona la política económica pero no a los respectivos regímenes políticos en su globalidad. Esta situación genera una coyuntura en la que la ausencia de un proyecto propio de los movimientos populares rupturistas sería, simplemente suicida.
   Desde los sectores del bloque dominante, hoy no presentes en el gobierno y/o desde sus aledaños políticos, se trabaja con más o menos lucidez, pero desde luego con ahínco para articular proyectos que sirvan para relegitimar al actual Régimen, aunque sea a costa de ciertos cambios.
  Las líneas puestas en marcha se pueden resumir en tres:
  La abdicación de Juan Carlos en Felipe de Borbón, poniendo nuevas caras a la Monarquía y en general al Régimen.
  No esta claro si ello llevaría algún otro cambio menor, aparte del de comunicación, que seguramente sufriría bastantes transformaciones.
  Esta línea no parece que vaya a tener, aun en el caso de que se lleve adelante, mucho recorrido y menos en la actual coyuntura socio-económica. Los riesgos añadidos para el propio Sistema al impulsar esa operación tampoco son despreciables.
   Los apoyos a ésta estrategia están fundamentalmente en los sectores más a la derecha del PP y UPyD, así como en los grupos mediáticos que les dan impulso.
  La segunda línea de trabajo es la que impulsa el PSOE que consiste, sin excluir la abdicación de Juan Carlos, en plantear una cierta reforma de la Constitución actual, desde dentro, reforma del Senado, reforma de la Ley electoral, acercar más el modelo de Estado a un sistema federal, cierta recuperación y blindaje constitucional de algunos servicios públicos... Todo ello sin tocar en absoluto aquellos elementos claves del Sistema de Poder y de Gobernanza, así como de las relaciones internacionales, que nos han traído hasta donde hoy estamos.
  La tercera vía es aquella que reivindica un Proceso Constituyente con la boca pequeña, pero cuando describen como conciben este, se encuentran grandes similitudes con el proyecto del PSOE, aunque eso sí mejor vestido para que suene bien entre aquell@s que exigimos un autentico Proceso Destituyente-Constituyente. Es decir un proceso de ruptura con el actual Régimen.
  En esa operación están importante sectores de IU. La segunda y la tercera opción acabarán por confluir después de un período más o menos largo de marear la perdiz.
  Por último existen, creemos que cada vez con más fuerza, aquellos sectores del Pueblo que exigimos la puesta en marcha, de verdad, de un proceso Destituyente-Constituyente. Es decir de ruptura democrática, que asuma el Derecho a decidir de los diversos Pueblos del Estado sobre su futuro. El derecho a decidir sobre la forma de Estado. El derecho a decidir sobre el modelo social y económico que necesitamos. El derecho a decidir sobre las relaciones internacionales que nos interesan. El derecho a decidir sobre la forma de organización política que realmente queremos.
  Para avanzar en ese proceso solo hay un camino posible, la construcción del Poder Popular.
  El Poder Popular se construye a partir de la organización y de las movilizaciones a todos los niveles, sectoriales, de barrio, comarcales... pero se organiza sobre todo a partir de las movilizaciones políticas y para ello hace falta articular y madurar “ el proyecto político”.
  La filosofía del proyecto de Comuner@s responde a esa necesidad objetiva y subjetiva, tener un marco amplio y flexible que sirva como instrumento para la acumulación de fuerzas, para la creación de Poder Popular en nuestra tierra. En resumen para dar impulso estratégico al proceso de ruptura democrática.
  A otro nivel, Iniciativa Internacionalista- La Solidaridad entre los Pueblos, fue mucho más que un proyecto electoral, fue un primer intento de coordinar en el conjunto del Estado y a través de un programa mínimo común a todas las fuerzas que estamos, cada una desde su propia y soberana perspectiva, por ese proceso de ruptura democrática.
  Nosotr@s desde luego también seguimos trabajando en esa dirección.
  Las crisis de institucionalidad no pueden durar eternamente. El bloque dominante español trabaja intensamente en los diversos planes antes señalados para reconstruir una cierta legitimidad del Sistema, si eso ocurriera estaríamos abocados a un nuevo ciclo, que duraría décadas, de intensificación del neoliberalismo y del neofascismo. En nuestras manos, en nuestra responsabilidad está impedir que esto ocurra y sólo hay un camino, la acumulación de fuerzas, la construcción de Poder Popular, como instrumento para llevar adelante el proceso de ruptura y la construcción de una nueva institucionalidad popular, democrática y revolucionaria.
 
Castilla a 27 de marzo de 2013
 
Luis Ocampo - Comuner@s del S.XXI

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Ley Wert: la larga mano de la Iglesia católica en la escuela pública, por Cristianas y cristianos de base de Madrid

Hace apenas un año, en un momento en el que la Escuela Pública parecía amenazada, y en el marco de una gran movilización del sector de la enseñanza que denunciaba con fuerza las agresiones que estaban recibiendo por parte de los poderes públicos, las Cristianas y Cristianos de base de Madrid (CCBM) nos incorporamos a esa marea en defensa de la Escuela Pública con un documento en el que se definían con claridad las razones por las que reivindicábamos una ESCUELA PÚBLICA, LAICA y de CALIDAD PARA TODOS. Defendíamos y apostábamos por una escuela laica, gratuita, democrática, participativa, integradora, e igualitaria, por entender que solo así conseguiría ser una garantía de integración y cohesión social. 
  Hoy, ante un nuevo Proyecto de Ley, la LOMCE, que quiere convertirse en la llave maestra de la reforma de la educación propugnada por el Partido Popular, a través de su Ministro WERT, las CCBM reiteramos los principios básicos de aquél pronunciamiento: que la Educación es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y que únicamente el Estado puede garantizar de forma universal e igualitaria el ejercicio efectivo de ese derecho mediante una Escuela pública de calidad para todos. 
  Y desde esas premisas analizamos la LOMCE, deteniéndonos brevemente en tres aspectos fundamentales:

a) la función integradora de la Escuela, su funcionamiento democrático, su gratuidad y su carácter igualitario; 
b) la Enseñanza de la Religión en la escuela pública; 
c) el tratamiento que la LOMCE hace de los Conciertos Educativos y que afecta de manera singular al futuro de la Escuela Pública.

I.- La función integradora de la Escuela. ¿Garantiza la Ley WERT una escuela pública igualitaria, democrática, de todxs y para todxs? 
  En su declaración de motivos, o preámbulo. el proyecto de LOMCE que modifica la LOE, en ningún caso considera la Educación como un bien público, un derecho universal que el Estado tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos, sino simplemente como una actividad orientada principalmente a incidir en el sistema productivo desde dos perspectivas que, en el desarrollo curricular que diseña la ley, se ven reflejadas con claridad: espíritu “emprendedor” y formación para el empleo. Es decir, no se trata ya de conseguir que la Escuela tenga como objetivo fundamental la formación integral de las personas, que cada niño o niña desarrollen al máximo sus capacidades, su espíritu crítico, su capacidad de análisis, sino de ser buenos actores en el sistema de producción y consumo.   
  El mejor ejemplo de esta nueva orientación lo tenemos en la supresión del currículo escolar de materias como la Filosofía, o la política de retirar las subvenciones a las Escuelas Municipales de Música, quebrando así la oportunidad de nuestros niños de formarse en disciplinas “no productivas”, pero muy útiles para crecer en sentido crítico o para educar su sensibilidad. Para la política educativa del PP estas cosas NO interesan. Su centro de interés está en crear buenos empresarios a futuro y buenos productores de bienes y servicios. Desde esta perspectiva, empieza a no estar muy claro si todos los niños tendrán las mismas oportunidades, al margen de sus capacidades, su extracción social, su estatus, etc. 
  De otra parte, la LOMCE modifica el art. 84 de la LOE, introduciendo expresamente la posibilidad de conciertos con centros educativos que segregan a los alumnos por sexos. Esto refleja bien el “carácter integrador” de la reforma educativa en ciernes. Modificar el texto de la LOE para introducir explícitamente esta posibilidad, da una idea precisa de que no se trata de “ser tolerante” sino de incentivar, animar, promover, este tipo de colegios en los que se segrega por sexos, y nos lleva a pensar qué otras segregaciones pueden venir detrás.  
 Insistiendo en el carácter integrador de la función educativa, mucho nos tememos que el acortamiento de un año del itinerario común y el adelantamiento de la opción por el Bachillerato o la Formación Profesional actúen, de hecho, como filtro clasista. Máxime si se tienen en cuenta los planes expresados de que la FP se desarrolle no tanto en centros educativos sino, fundamentalmente, en grandes empresas, que dispondrán de abundante y muy barata mano de obra. 
  Tampoco preserva la función integradora de la Escuela la supresión que la LOMCE hace de la prohibición, recogida en la LOE (art. 142 a 147), de utilizar los resultados de las evaluaciones del sistema educativo para valoraciones individuales de los alumnos o para establecer clasificaciones de los centros, ya que estas prácticas, si llegaran a instalarse, podrían generar segregaciones de alumnos en función de los resultados obtenidos y también de centros, con repercusiones para estos últimos no difíciles de imaginar en términos de competitividad.., etc. 
  Si atendemos ahora a los aspectos relacionados con el funcionamiento democrático de los centros, la LOMCE modifica el Título V, Cap. III, art. 127 de la LOE, para introducir cambios sustanciales en las competencias de los Consejos Escolares en el sentido de convertirlos en órganos consultivos en lugar de órganos de gobierno. Esto supone un retroceso considerable en el funcionamiento democrático de los centros pues se hurta con ello la participación de la comunidad escolar, profesores, padres y alumnos, en la toma de decisiones que afectan a la vida y funcionamiento de los centros educativos. 
  En el mismo sentido incidirán los cambios orientados a reforzar el poder del Director del centro en general, y especialmente en la selección del profesorado, que incluso pueden llegar a chocar con las normas que rigen el acceso a la función pública, según las modificaciones propuestas por la LOMCE de los art. 132 a 135 de la LOE, al ampliar las competencias del director y modificar la Comisión de selección, con mayor presencia de la Administración educativa. Sin olvidar, en el repaso de las carencias democráticas, el hecho mismo de no contemplar la obligación de ofertar en cualquier caso y en todos los casos, una plaza en la Escuela Pública a todos los alumnos, en un entorno razonablemente próximo a su domicilio: veremos crecer barrios sin escuelas públicas…, pero si “hay demanda de puestos escolares” veremos florecer escuelas privadas en solares públicos cedidos por la administración. Es la consecuencia de considerar el acceso a la educación no como un derecho básico de los ciudadanos, sino como un servicio opcional de la Administración. 
  En cuanto a la gratuidad de la educación en su etapa obligatoria, cabe señalar que si la Administración no se siente obligada a ofrecer a cada niño o niña un plaza en la escuela pública ni se siente urgida a construir las que se necesiten para cumplir con su obligación, es evidente que la garantía de gratuidad dejará de ser un objetivo del Estado. Todos conocemos la realidad de las escuelas concertadas, financiadas con dinero público: los niños no pagan matricula, pero tienen que pagar autobuses, comida, complementarias, uniformes, etc. Según el INE cada alumno de la concertada acaba pagando de media 800 euros al año. Algo que no está al alcance de la mayoría, y menos en las circunstancias actuales. Además, en el preámbulo, la LOMCE se encarga muy bien de precisar los límites de la garantía constitucional de enseñanza pública y gratuita: solo de 6 a 16 años (por ahora). Lo que lleva a preguntarse por el futuro del Bachillerato no obligatorio:¿Cuánto tardaremos en ver como va desapareciendo de la Escuela pública, ofertándose sólo en régimen privado, como pasa ahora con la E. Infantil de 0 a 3 años?

II.- La Enseñanza de la Religión en la Escuela

La regulación de la enseñanza de la religión en la Escuela ha suscitado en España intensas controversias y no pocos enfrentamientos a lo largo de los últimos 100 años. 
  Como cabía esperar, la insólita acumulación de poder por parte del PP desde 2011 ha vuelto a reabrir la puerta hacia un pasado de Nacionalcatolicismo que parecía haberse debilitado. La polémica esencial de estas controversias y tensiones ha girado siempre en torno a la cuestión sobre qué lugar debe ocupar la religión en la vida pública y, en particular, en los centros Educativos. ¿Debe formar parte del currículo escolar la Enseñanza de la Religión? Y, de hacerlo, ¿con carácter confesional o aconfesional? 
  Cuando la respuesta ha sido afirmativa, se han abierto nuevas preguntas: ¿Debe la asignatura de Religión ser evaluable como las demás materias, y condicionar el itinerario escolar de los alumnos? ¿Y habrá de tener otra asignatura alternativa, con igual peso lectivo, para los alumnos que no deseen cursar Religión? 
  Finalmente, se han planteado otras ‘cuestiones menores’, no por ello menos polémicas, como la discusión sobre los horarios, es decir, el tiempo dedicado a esa materia en cada una de las etapas de la Enseñanza pública y obligatoria. Naturalmente las respuestas a estas cuestiones vienen determinadas por la adscripción ideológica de unos y otros y por el marco jurídico de referencia, que ha sido interpretado y manipulado para justificar posiciones e intereses no siempre confesables. Este marco jurídico lo constituyen dos tipos de textos legales: de un lado, la Constitución de 1978 y las leyes posteriores dictadas en la materia, especialmente las leyes orgánicas de Educación aprobadas por gobiernos del PSOE o del PP (LODE, LOGSE, LOCE, LOE...) y, de otra parte, el nuevo Concordato, en forma de Acuerdos sectoriales, firmados el 3 de Enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. 
  Ni que decir tiene que el debate persiste, y persistirá, a causa de la ambigüedad calculada de la Constitución de 1978, que en su art. 16.3 establece una inaudita contradicción: “Ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.” 
  De otro lado, al art. 27 reconoce y ampara “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias creencias” 
  Y, aunque el texto constitucional no dice nada sobre cómo y en qué condiciones se ha de llevar a cabo esa ‘formación religiosa’, es decir, no dice que haya de ser en la Escuela, los sectores más conservadores y confesionales forzaron enseguida la aprobación de la ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980, donde se reconoce el derecho a toda persona a “recibir la enseñanza e información religiosa…. que esté de acuerdo con sus propias convicciones, dentro y fuera del ámbito escolar…” 
  A partir de esa ley, de marcado contenido preconstitucional, el debate ha quedado reducido al estrecho margen de dilucidar si la Religión ha de ser una materia evaluable y computable en el Currículo, si ha de tener asignatura alternativa y si ha de disponer de mayor o menor carga lectiva (nº de horas). Pero las distintas posiciones, tanto de PSOE como de PP, han eludido la cuestión primera y principal: si la Enseñanza de la Religión debe o no formar parte del currículo escolar en los Centros públicos, es decir si un Estado que se dice aconfesional debe regular la enseñanza religiosa o respetar estrictamente el principio democrático de Laicidad. 
  Resulta obvio de todo ello, que para avanzar hacia un Estado laico auténtico y respetar la libertad de conciencia de todos los alumnos, y por extensión, de todos los ciudadanos, necesitamos: primero, una reforma de la Constitución que consagre el carácter laico del Estado; segundo, una revisión integra de esa anticuada Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980; y, en tercer lugar, la urgente anulación de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado, en este caso el que hace referencia a Enseñanza y Asuntos Culturales. Mientras estos pasos no se den, seguiremos retrasando el momento de dotar al sector educativo de las normas básicas que una sociedad libre, democrática, laica y justa, necesita. El anteproyecto de la LOMCE, presentado por el PP, se limita a apelar al citado Acuerdo con la Santa Sede para justificar una regresión al Nacionalcatolicismo, ignorando los elementos de laicidad recogidos en la Constitución y eliminando, de facto, los derechos efectivos a la libertad de conciencia y libre elección de todos los ciudadanos. 
  Las claves de la propuesta del proyecto de LOMCE en esta materia, se pueden resumir en:

a) La asignatura de Religión se incluye en el currículo, tanto de Primaria como de Secundaria Obligatoria, como una materia fuerte, evaluable y computable, con un peso similar a la media de las asignaturas ‘más fuertes’. Su puntuación incidirá en el futuro académico de los alumnos, en las opciones de los alumnos a becas, y en la obtención de títulos (el título de ESO se obtendrá por la suma de la media de todas las calificaciones a lo largo de esa etapa, incluida la Religión, con un valor del 70% y la prueba de la reválida, que valdrá un 30%). De otra parte, la materia de Religión tendrá una carga lectiva igual a la media del conjunto de las asignaturas.

b) Se impone una asignatura alternativa a la Religión llamada “Valores culturales y sociales” también de alto peso en cuanto a horario y valor académico. Con ello, y con la más que probable dulcificación de la Religión, los sectores más clericales se aseguran que una mayoría de los alumnos vean ventajas en elegir la asignatura de Religión.

Esta opción alternativa plantea una nueva contradicción desde la óptica democrática. Pues no se entiende por qué los alumnos que opten por Religión deban verse privados de la formación en valores cívicos y éticos que, es de suponer, son imprescindibles para la convivencia social de todos.

c) El Estado abandona sus competencias educativas en esa asignatura de Religión, para dejarlas en manos de las autoridades religiosas en todo lo relativo a: determinación del currículo, aprobación de libros de texto y materiales didácticos, selección del profesorado, competencia para adjudicar calificaciones…etc.

d) Finalmente, como expresión última del sesgo ideológico de este proyecto, se suprime la materia “Educación para la ciudadanía” que antes se impartía de forma común a todos los alumnos. Con ello se pasa por encima del derecho de los niños y jóvenes a ser educados en el ámbito de la libertad de conciencia. ¿Será que el Estado ha abandonado el objetivo de favorecer una formación común en valores democráticos compartidos?

De aprobarse este proyecto tal como hoy lo conocemos la Escuela Pública volverá a situarse en el centro de un histórico campo de batalla entre las ideologías más reaccionarias y confesionales de la historia de España y el vendaval democratizador del postfranquismo que apela cada vez con más fuerza a la primacía de la conciencia y a los derechos de libertad ideológica, sólo viables bajo la consolidación del principio democrático de Laicidad. 
 
   ¿Qué soluciones pueden proponerse ante este conflicto? Hoy por hoy, se dibujan dos posibles alternativas:

a) Sacar la Religión fuera del horario escolar. Es una vía que se practica en algunos países europeos, como Francia. Daría satisfacción a ese mandato constitucional, según el cual los poderes públicos han de garantizar el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde a sus convicciones. Pero con la importante salvedad de que la Religión no forma parte del Currículo escolar, no es evaluable ni computable.

b) Sacar de la Escuela la Enseñanza confesional de la religión. (Religión fuera de la Escuela) Es decir, implantar plenamente la Laicidad en los Centros educativos públicos, lo que implica la Enseñanza científica y aconfesional plena (que no excluye la formación sobre historia y cultura de las religiones), la retirada de los símbolos religiosos, la no financiación pública de catequistas, etc.

  Los cristianos y cristianas de base entendemos que esta segunda opción es la más coherente con el ideal de sociedad democrática a la que aspiramos y con los valores más radicales del Cristianismo genuino, que nunca ha propuesto aprovecharse del poder político para propagar la fé. Es decir, una iglesia-comunidad de creyentes debe trasmitir la fe en el seno de la propia comunidad, a través del testimonio de sus propios miembros y no apoyándose en privilegios de poder, con frecuencia de carácter coercitivo. Se trata de trasmitir fe, no de enseñar o aprender religión. Y eso sólo tiene cabida legítima en el marco de las iglesias, de las mezquitas o de las sinagogas, no en o desde las instituciones públicas que son de todos y deben estar al servicio del conjunto de la sociedad.

III.- La LOMCE fomenta la privatización de la enseñanza: los Conciertos Educativos

Con la nueva ley Wert los Conciertos educativos pasarán a ser el instrumento definitivo para la privatización de la Educación y la restauración del confesionalismo religioso, instituido en nuestro país por el golpe militar de 1936, con la ayuda interesada y necesaria de la Jerarquía católica que legitimó el franquismo en búsqueda de privilegios, inimaginables en un Estado democrático. Fruto de aquella alianza fue el Concordato de 1953 y el monopolio en materia educativa que la Iglesia Católica consiguió implantar durante 40 años de franquismo. La transición a la democracia pudo cambiar ese marco legal, pero los gobiernos de turno claudicaron para no perder ‘apoyo popular’. Aquellos privilegios educativos de la IC fueron renovados mediante los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, en nuestro caso el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de Enero de 1979. 
  De modo que se puede afirmar con rigor que en política educativa nunca se llegó a producir una verdadera transición a la democracia, si como tal se considera un ordenamiento jurídico y político en el que tenga plena vigencia el principio de Laicidad. La propia Constitución está plagada de contradicciones, al reconocer el principio de laicidad del Estado y, a la vez, mantener el trato preferencial a los privilegios económicos, educativos y simbólicos de la IC. 
  En 1985, casi diez años después de iniciarse la transición política, el gobierno del PSOE legalizó las subvenciones a los centros concertados, en su mayoría de ideario confesional católico. En efecto, la LODE, ley 8/1985, establece que…. “para el sostenimiento de Centros privados con fondos públicos se establecerá un régimen de conciertos...” Lo mismo reitera el R. D. 2377/1985, de 18 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos: “…..El derecho a la educación básica obligatoria y gratuita, cuya garantía corresponde a los poderes públicos……podrá hacerse efectivo en centros privados mediante el régimen de conciertos…” 
  Estas disposiciones hacen de los conciertos educativos los instrumentos jurídicos precisos para aquellos centros privados que deseen impartir educación básica en régimen de gratuidad, es decir con financiación pública. 
  Una nueva reforma educativa impulsada por el gobierno de Zapatero con la LOE mantuvo y aún reforzó la doble red de centros, pues a) reconoció a los Centros Concertados con iguales derechos (que no deberes), por el mero hecho de ser financiados con fondos públicos, y b) abrió el camino a la ampliación de los conciertos a etapas no obligatorias de la Educación. 
  Y, como de aquellos polvos…. estos lodos, el nuevo proyecto del PP, acordado con la patronal privada y la Iglesia, introduce nuevas vueltas de tuerca en el camino de regreso a la privatización y al confesionalismo educativo. Utilizando la actual Ley de Educación (LOE) que en su artículo 108.4 establece que “la prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados”, el proyecto de LOMCE da un paso más hacia la privatización al supeditar la creación de plazas escolares (ahora sin especificar si son públicas o privadas) a la “demanda social” existente. Así lo establece la modificación del art. 109 de la LOE, al dictar que: “Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas……, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social. Asimismo, las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes.” 
  Si la ley entra vigor con este texto, bastará con anteponer esas demandas (apoyándose en que algunos padres lo solicitan y con la falaz justificación de su menor coste para la Administración), postergar o simplemente no construir centros públicos en nuevos barrios para que la demanda de plazas escolares se encauce inevitablemente (y sin ninguna posibilidad de “libre elección”) hacia los centros concertados o enteramente privados, como viene sucediendo de manera generalizada en la educación infantil. 
  Es un claro triunfo de las patronales de la Educación que exigen no sólo prolongar y ampliar los conciertos, sino eliminar cualquier condición para recibir subvención pública más allá de la simple “demanda social” (existencia de alumnos), así como tener libre acceso al suelo público. 
  A la vez, el proyecto modifica el art. 116 de la LOE, incluyendo cláusulas como esta: “…tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquéllos que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables o los que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo”. 
  Con ello se facilita la extensión de los conciertos a cualquier centro que introduzcan una mínima novedad pedagógica, y se ampara que el Estado abandone la prestación del servicio de la Educación en las zonas socialmente más deprimidas, cediéndolas a la iniciativa del nuevo sistema educativo confesional. Es decir, el Estado hace dejación explícita de su obligación de garantizar plazas públicas en cualquier sitio y en primer lugar y lo transfiere al sector privado. 
  De otro lado, si tenemos en cuenta que el 70% de los centros privados concertados está en manos de organizaciones religiosas católicas, algunas de ellas con un fuerte carácter integrista, es fácil entender quién domina en esa Patronal de la Educación. Como algunos proclaman: ”Con esta ley, el Estado ya no será el dueño de la Escuela; lo será la Iglesia católica”. 
  Finalmente, como ya se ha indicado más arriba, la LOMCE consagra la segregación por sexos como principio pedagógico y favorece esa educación con fondos públicos. Habla de no discriminar, pero enseguida añade: “En ningún caso, la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar…… un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas…” 
  Lo más irritante, además, es que esta operación se está presentando públicamente como una propuesta para fomentar una educación de calidad, cuando muchos de sus principios entran en plena contradicción con la acepción de calidad más establecida en el plano internacional. Así, por ejemplo, la OCDE (organización económica que emite el informe PISA) establece que “para que un sistema educativo pueda considerarse de calidad (y, por tanto, excelente) debe, obligatoriamente, ser también equitativo o justo.” Es decir, que si no hay igualdad de oportunidades, no habrá educación de calidad. O lo que es lo mismo, para que la Educación sea de calidad debe ser excelente para todos. 
  Y esto no es posible cuando la Escuela segrega por razón de sexo y de origen social: cuando la enseñanza se privatiza y deja de ser gratuita; cuando se suprimen las becas de comedor, la gratuidad de libros de texto y del transporte escolar para Bachillerato y FP. La privatización descarada de la Escuela implica inexorablemente segregación y exclusión según la clase social de cada niño, lo más antitético a la función integradora que históricamente se le ha reconocido a la Escuela. Esto es lo más contrario a una escuela pública de calidad.

Madrid, Marzo de 2013 Comisión de Laicidad. Cristianas y Cristianos de Base de Madrid

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