Benjamín Prieto y el Partido Popular "en el punto de mira", por José David García Serrano


Si nos remontamos al comienzo del curso escolar en la provincia de Cuenca, todos recordaremos la polémica ocasionada por parte de la Consejería de Educación con su decisión de cerrar tres colegios rurales a pesar de que sus ayuntamientos presentaron un padrón de alumnos en edad escolar mayor del mínimo exigido por el gobierno del Partido Popular en nuestra región. Todos recordaremos las declaraciones de Benjamín Prieto (alcalde de Fuentelespino de Haro y presidente de la Diputación de Cuenca) en las que apoyaba la medida del cierre de los Centros Rurales de Cañada del Hoyo, Castillo de Garcimuñoz y Puente de Vadillos por no cumplir el mínimo de alumnos exigido. Hay  que recordar que el ayuntamiento de Cañada del Hoyo presentó en los servicios periféricos de educación en el mes de junio (antes de acabar el período de matriculación ordinario, y antes de acabar el curso escolar) un número de alumnos empadronados superior al mínimo establecido por la Consejería.
 Quién iba decirle al señor Benjamín Prieto que iba a ser el “punto de mira” este año porque su pueblo (del que es el alcalde) actualmente no cumple con los requisitos para mantener una escuela rural abierta. Estos requisitos son los mismos “tan inflexibles” que se aplicaron hace pocos meses para cerrar las escuelas de otras localidades, aunque con una diferencia, que en sus ayuntamientos no gobernaba el Partido Popular.
 Que no crea el señor Benjamín Prieto que CCOO pretende obrar como el Partido Popular ni mucho menos. Nosotros defendemos a capa y a espada que en la localidad de Fuentelespino de Haro permanezca abierta su escuela rural a pesar de no cumplir con las “exigencias mínimas” que impone el gobierno regional. Lo que denunciamos, es que el PP no aplica el mismo criterio para mantener abiertas las escuelas, mostrando así un comportamiento propio de regímenes partidistas y dictatoriales.
 El pasado domingo la directora del geriátrico de Fuentelespino de Haro hizo públicas unas declaraciones en las que confirmaba que ella era una de las madres que matriculó a sus hijos en esta localidad a principio de curso, pero que había decidido darlos de baja, porque los 17 niños matriculados en Fuentelespino se encontraban metidos en una única aula y con un único profesor. Este hecho es una prueba de que la política que está llevando a cabo el gobierno regional, atacando a la escuela rural (ya sea echándoles el cierre definitivo, ya sea masificando sus aulas como en el ejemplo anterior), provoque que la gente emigre a otras localidades de mayor población y condena a los pueblos pequeños a su extinción. En este curso escolar, el 50% de las escuelas rurales cerradas en Castilla la Mancha han sido en nuestra provincia. Además para el próximo curso escolar, de las 162 plazas de maestros que se suprimen en los Colegios Rurales Agrupados de Castilla la Mancha, 64 de ellas son en Cuenca (un 40% del total), por lo que nuestra provincia sigue siendo la más perjudicada ante el ataque por parte del Gobierno del Partido Popular a la escuela rural.
 Desde la Federación de Enseñanza de CCOO pedimos y exigimos a la Consejería que proceda a reabrir todos los colegios rurales que fueron cerrados porque, además de garantizar así “el derecho a una educación gratuita y equitativa”, sería la única medida que garantizaría la supervivencia de las ya debilitadas zonas rurales de nuestra provincia, debido al brutal ataque que están sufriendo las pequeñas localidades por parte del gobierno autonómico.

José David García Serrano 
SECRETARIO GENERAL DE FECCOO DE CUENCA

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¡23F: A la calle todo el mundo!, por Yesca


A la calle, a reclamar lo que es nuestro. Hace casi treinta y dos años el general Tejero, con muchas incógnitas detrás, trató de llevar a cabo un golpe de estado, un golpe contra un sistema que emergía  y que ya en aquel entonces estaba podrido. Este sistema ya era en sí mismo un golpe contra los intereses del pueblo trabajador, que, hoy en pleno 2013 se enfrenta –nos enfrentamos- a otro golpe, esta vez no encabezado por militares, ni por políticos que utilizan el terror para que el pueblo claudique, hoy son hombres y mujeres con traje de chaqueta y maletín, con la cínica sonrisa de un sistema cruel:  hoy se trata de un golpe de aquellos que sólo entienden de cifras, de números y no de personas, de vidas o emociones.
  Pero ya es hora de dejar de ser marionetas de la Historia para pasar a ser actores y actrices y constructores y constructoras de ésta, pero para ello es indispensable saber qué papel queremos jugar en la Historia, y qué influencia queremos tener como jóvenes en este proceso: 
  En un contexto donde el paro juvenil supera el 50%, donde las expectativas de empleo son una quimera y donde cunde el desencanto, ¿Queremos hacer cambios concretos que sólo solucionen problemas concretos?, o ¿Queremos cambios profundos que solucionen los problemas que nos afectan como clase, como pueblo y como género?
  Para nosotros y nosotras la respuesta es clara, y humildemente, creemos que para la mayoría de nuestra juventud también: ha llegado el momento de enarbolar la palabra radical con orgullo, y hacer bandera tras ésta, porque radical significa ni más ni menos que ir a la raíz del problema, y es lo que ahora toca, por ello el fin de nuestra lucha no irá encaminado hacia cambios de gobierno, ni a elecciones anticipadas, ni a reformas de una Constitución obsoleta a la que los y las jóvenes castellanos nos sentimos atados y de la que no hemos sido partícipes.
Si bien pueden ser un paso, sólo son eso: pasos, a los que les deben seguir otros, hasta generar un proceso destituyente de las estructuras jerárquicas del Estado español, empezando por la más alta representación de éste, pasando por las cámaras alta y baja y destituyendo todo ese entramado de corrupción que afecta a casi toda la política del estado español, generando un proceso destituyente-constituyente que a la par que destituye, construya.
  Un proceso constituyente horizontal y no vertical, un proceso constituyente donde el poder popular y su voluntad sean las bases y los únicos límites, donde las personas, las gentes de este pueblo, nuestros abuelos/as, nuestros/as jóvenes, nuestras mujeres y hombres tomen las riendas de su futuro, y decidan la forma de gobernarse, un proceso constituyente que como ya dijeran los comuneros en esta misma tierra en 1521, “Nadie sea más que nadie”, donde los trabajadores y los pueblos decidan en libertad su futuro. Un proceso que hoy parece una ensoñación pero que codo con codo, granito a granito, mano con mano estamos consiguiendo iniciar y que sin duda se convierte hoy en necesidad.
  Por ello la juventud castellana y revolucionaria llama a acudir a las marchas del 23-F y a seguir construyendo movimiento popular que no rinda pleitesía a la reforma sino fidelidad al pueblo trabajador y luche por construir esa sociedad antagónica a la lógica capitalista donde la solidaridad, la igualdad y la equidad sean sus pilares básicos.
  La historia llama a nuestra puerta compañeros y compañeras, es hora de unirse y de escribir nuestra historia, el futuro está en nuestras manos y será lo que nosotros y nosotras queramos.

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La estrategia Talegón, por Joseandrés Guijarro

Cuando todavía sigue coleando el fiasco del intento de utilización de la manifestación de ayer contra los desahucios por parte del PSOE y su maquinaria propagandística (www.youtube.com), en Cuenca la misma estrategia de controlar, boicotear y dirigir los movimientos sociales ha comenzado a demostrar cómo es capaz de desmantelar una plataforma y una movilización ciudadana que había conseguido aglutinar en los últimos meses a una gran mayoría de ciudadanos y convocar las movilizaciones más importantes vistas nunca en la capital conquense. Fruto de una estrategia electoral urdida y puesta en marcha desde el último verano, la convocatoria de esta mañana, de la que han conseguido excluir al 15M y a muchos de los que habían participado activamente en la construcción de la Plataforma, se ha nutrido casi exclusivamente de los vecinos de los pueblos afectados por el cierre de sus puntos de urgencias, traídos en viajes organizados por los alcaldes socialistas a cambio de un protagonismo en la jornada. Seguro que a dichos vecinos sus reivindicativos alcaldes no les han explicado cuales son las posiciones de su partido, tanto a nivel nacional como local, respecto al futuro de su asistencia sanitaria. Supongo que, como Talegón, no se sienten responsables de las atrocidades cometidas por su partido y se creen sólo responsables de protestar por las del otro.
  Mientras que Martínez Olmos, portavoz de sanidad en el Congreso sigue defendiendo junto al PP en cualquier foro el modelo de gestión privada de la sanidad pública, Ávila, alcalde de Cuenca, sigue defendiendo la construcción del hospital de Cuenca bajo un modelo de financiación privada y concesión administrativa como el ensayado con nefastas consecuencias en Madrid y Valencia. Hace exactamente un año, el 13 de febrero de 2012, Ávila se congratulaba tras su reunión con Cospedal del compromiso de ésta a construir en esta legislatura mediante financiación privada (www.vocesdecuenca.com). Desde entonces se dedica a privatizar los propios recursos públicos municipales, como el agua, asesorado por Pricewaterhoousecooper, la misma multinacional encargada de diseñar la privatización del SESCAM, hospital de Cuenca incluido (aguadecuenca.wordpress.com). Este mismo jueves, junto a Echániz, Mariscal y Marín. Ávila volvía a insistir en "el respeto a la autonomía de la Junta para buscar las fórmulas de colaboración que considere oportunas" (eldiadigital.es), sabiendo perfectamente cuales son esas fórmulas y sus consecuencias. Una de las primeras y más importantes consecuencias será el abandono y deterioro de la asistencia urgente en el ámbito rural que en ningún caso resulta rentable a la cuenta de resultados de la empresa privada que se haga cargo de la gestión sanitaria (primaria y especializada) de la provincia una vez construya con su propia inversión el nuevo hospital de Cuenca a cambio de un canon anual por ciudadano censado durante al menos 30 años. Una gestión privada que se olvida de las necesidades de los ciudadanos, los cuales pasan de ser beneficiarios de un derecho a convertirse en meras unidades de ingreso o gasto y ser clasificados en función de su rentabilidad económica para la empresa gestora.
  Unas consecuencias que ya conocen perfectamente los ciudadanos madrileños que siguen manifestándose en una perenne marea blanca y cuya trascendencia a nivel nacional pretende acaparar y aprovechar en Cuenca, con el gran cinismo y la poca vergüenza de denunciar en la calle lo que en esos mismos momentos están negociando en los despachos, en lo que viene siendo la "estrategia Talegón", por la que el alcalde socialista de Mira no se siente responsable de lo que negocie el alcalde socialista de Cuenca, ni éste se siente responsable de lo que defiendan los senadores socialistas, estos se apartan de las reformas constitucionales que votan los diputados socialistas, estos aseguran desconocer los planes y las declaraciones del portavoz socialista de sanidad en el Congreso, quien no se siente identificado con la política llevada a cabo por el gobierno socialista previo y así ad infinitum defendiendo a la vez una cosa en las instituciones y la contraria en la calle, y sintiéndose ofendidos cuando la ciudadanía les muestra su rechazo en un uno u otro lado, que para eso siempre es útil echar unas lagrimitas y llamas violentos y antidemocráticos a quienes osen criticar tanto al PSOE como al PP cuando ambos coinciden absolutamente en sus políticas frente a los servicios públicos. Ambos, eso sí, con el mismo argumento, que para ello están asesorados por la misma multinacional, de que tras las privatizaciones los servicios seguirán siendo públicos, universales y gratuitos, algo falso para el PSOE callejero, incluido el mismo Ávila que no se pierde una, cuando lo afirma Cospedal o Mato pero incuestonablemente cierto cuando lo cuenta Ávila o cualquier otro dirigente socialista. 
  Toda una estrategia basada en que los ciudadanos somos imbéciles. Y realmente es que hemos estado muchos años demostrando que lo somos. La cuestión es si estamos dispuestos a seguir siéndolo.

Joseandrés Guijarro es miembro de ATTAC Castilla-la Mancha.

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Pitos Reales, por Pedro Peinado

  El pasado domingo se celebró la final de la copa de baloncesto en Vitoria. Justo, se anunciaba la entrada en el palco del Jefe del Estado, cuando el pabellón le dedicó una sonora pitada. El locutor no hizo comentario alguno de lo que sucedía. Durante el descanso del partido, hubo un segundo incidente. Recibía el rechazo del público el Ministro de Tauromaquia. Entregaba el trofeo al equipo infantil del Real Madrid ganador de la versión mini de la Copa del Rey. El abucheo anegaba las voces de los locutores. Rápido, el conducente de la retransmisión dijo algo así como que los niños se iban a acostumbrar rápido al recibimiento de una afición rival, queriendo desviar la atención del espectador y vincular los silbidos, no a su receptor real, Wert, sino a los pequeños madridistas, con un claro objetivo de desinformar de lo que sucedía a un palmo de sus narices. Durante la retransmisión no hubo comentario alguno sobre los dos sucesos. ¿Es periodista aquel que se inhibe de informarnos de lo que sucede y que cobra del erario público? 
  Los silbidos producidos vendrían a demostrarnos que hay una parte de españoles que no sienten como suyos ni los símbolos ni la monarquía -algunos dirán que hay españoles que no se sienten españoles, pero una cosa es sentirse español y otra serlo-. En el pasado, el himno y la bicolor representaron, con algún leve matiz, a la dictadura, por otro lado, estos rechazos suelen producirse en territorios con un profundo sentimiento nacionalista no español. Era predecible, pero se quiso aprovechar esa paradójica reconciliación a la fuerza, para que todos aceptáramos esos símbolos, con gran generosidad de los que se habían enfrentado con mayor tesón en contra de la dictadura, padeciendo cárcel, tortura y muerte, haciendo borrón y cuenta nueva en aras del futuro. El que hoy vivimos. La crisis abierta en la Casa Real debida a la conducta del monarca y la de su yerno, la primera familia de España se está acostumbrando a ser recibida con contestación en muchas de sus presencias públicas, situación inimaginable hace diez años. 
  Los motivos principales para el mantenimiento de los símbolos patrios eran impuestos por el ejército y determinados sectores de la derecha predemocrática. El himno era la Marcha Real y los colores de la bandera, además, de ser los de la dictadura, habían sido los tradicionales de la monarquía hasta la llegada de la II República. Las alternativas eran si o si. Podría haberse acordado la utilización de una nueva bandera y un nuevo himno diferentes a todos. Pero quiso mantenerse la tradición y ésta, en muchas ocasiones, duele o le da suficientes argumentos a los contrarios para reafirmarse. 
  La Copa del Rey sustituyó como denominación a la Copa del Generalísimo, otro error. Debería haberse denominado lo que es, Copa de España y realizar su entrega al cargo electo que representa la soberanía. Ahora, estamos pagando, con la respuesta del público, ese afán, no sólo ya de la corona, sino de la corte panoli que la rodea, de perpetuar la figura del Rey con excesivo protagonismo, casi heroico, tanto por el papel desarrollado durante la transición, como por la relación del monarca y su descendencia con el deporte. Si antes le silbaban al monarca cuatro disconformes, ahora, se produce un recrecimiento y se unen a los silbidos los que no aprueban la conducta moral de su majestad, ni las andanzas empresariales de su yerno. Y todo ello, en una profunda crisis, donde al público se le concede una ocasión irrenunciable para mostrar su hastío por la situación donde se unen privilegios, corrupción, opacidad y un mal ir las cosas que genera estas erupciones de bilis. 
  Es decir, ya no nos podemos sustraer a que las pitadas son responsabilidad de los márgenes políticos, como decía Cañamero, no somos de la extrema de ná, somos de la extrema necesidad ¿Hubiera sucedido lo mismo de haberse celebrado el acontecimiento en una capital diferente a la vasca? Lo más probable es que no hubiera existido tanta unanimidad, es decir, que personas que no se hubieran atrevido hace unos años, pitarían al rey. La pitada contra el himno o la bandera sería minúscula pues en otros territorios goza de la aceptación general, pero, como ocurrió en Asturias, en los premios que llevan el nombre del Príncipe, hubieron de extremarse los cordones de seguridad para alejar a los manifestantes del centro de la escena, aún y así, las gaitas no pudieron frenar la escandalera. Y Oviedo no es Vitoria. 
  Estamos ante una crisis institucional, no solo repercutida por la situación económica, sino por algo más profundo y es por el descubrimiento de que los responsables del actual sistema político y económico predican lo contrario de lo que hacen. Escándalo, esto es un escándalo. Se están aumentando las asimetrías sociales de una manera radical y desconocida hasta este momento, delicado. Uno de los indicadores más certero de esta debilidad institucional es la iniciativa independentista catalana. ¿Alguien, sensato, podría predecir los cambios acontecidos en el partido de Artur Mas para que pasara de un posicionamiento ambiguo sobre la independencia a ser el partido que se erige con esa marca reservada hasta la fecha a ERC y la CUP? ¿Cuándo la derecha catalana fue independentista? Sí, es cierto, entre los militantes convergentes se hablaba abiertamente de soberanismo, pero no ante sus electores. Y, de ahí, los resultados de las últimas elecciones catalanas. 
  Lo extraño, no es que el personal, en una final deportiva, un suceso festivo al fin y al cabo, muestre su rechazo a las instituciones del estado. Lo extraño es que no suceda un motín nada más juntarse seis millones de parados. El pueblo, en general, está que arde y las instituciones del estado, en todos sus niveles y sus responsables, no le dan esperanzas con sus medidas, ni con sus comportamientos y arrepentimientos tardíos, al contrario, soliviantan los ánimos de los que tantos sacrificios realizamos para llegar a fin de mes. Se ha llegado a una relajación moral y ética en las altas esferas, tan alejada de las necesidades de las personas, que damos vergüenza en el mundo. Nuestro presidente anda más ocupado con los confetis que con la prima de riesgo. Ese abuso de las prebendas que el pueblo español ha entregado a sus gobernantes y el exceso del nepotismo del que se ha hecho gala durante las últimas décadas, generan malestar. La Transición se desploma, como lo hace la niebla que disipada nos permite ver la realidad de las cosas. La transición es esa niebla que el aprovechado ha utilizado como coartada para sustraernos libertad, enriquecerse y asegurarse de que no le descubriéramos cuando nos daba un garrotazo. Nada de un cuento de hadas donde los españoles nos reconciliábamos con nuestro pasado, a última hora, la transición ha sido la manera de perpetuar el franquismo sociológico y político. 
  El problema ya no es por qué protesta el público. Hay tantos motivos. El hecho principal es la generalización de la protesta y si el actual sistema es capaz de gestionar la propia crisis que ha creado y que pagamos todos. Ya no es cosa de pocos. Y, si no, que le pregunten a Cospedal que anda por el que imagina su reino acompañada de un desfile de la guardia civil cada vez que visita un pueblo. 
  Y esto, no lo cambia una regeneración, ni una restauración, ni la mejora del déficit presupuestario. 

Pedro Peinado. Serranía de Cuenca. 11 de febrero de 2013. 


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Educación concertada vs. educación pública, por Santiago Langreo

“Espacios de Libertad”: un bonito traje para la concertada.
  Durante los últimos veintiséis años hemos vivido una especie de tregua entre modelos políticos, en aras del consenso y la paz social. Desde el punto de vista de los usuarios, de la ciudadanía, hemos asistido a una cesión de parte de las reivindicaciones de unos y otros, sin entrar en cuánto ha cedido cada parte (conviene tener en cuenta la diversidad de centros privados, en los que entran colegios laicos de cooperativas, colegios religiosos, o “colegios-empresa”, atendiendo al interés de cada uno). Un buen ejemplo de esto ha sido la política educativa, y la contestación de conservadores y progresistas a los deberes y derechos recogidos en nuestra constitución, especialmente en el derecho a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza (Art. 27), que por cierto, algunos confunden con un derecho no recogido, ni explícitamente ni implícitamente, en el texto constitucional: el de libertad de elección de centro; como no lo está el derecho de elección de hospital, de comisaría de policía, de biblioteca… sin que por ello no dejemos de tener la libertad de elección, como libertad individual.
  Fruto de este consenso político y social, se arbitró una posibilidad para la subvención de los centros privados, pasando a lo que se llamó red de centros sostenidos con fondos públicos, que acoge a centros de titularidad pública, centros públicos, y centros de titularidad privada ofertados al público gratuitamente en algunas de las etapas, centros privados concertados.
  En estos años de historia de convivencia de ambos modelos, hemos asistido a una mejora de las condiciones laborales de los docentes en la red pública (centros públicos), y un acercamiento de estas condiciones en la red privada (menos del 2% de diferencia en salarios). Asimismo, la implantación de la red de conciertos ha ido extendiéndose en todos los territorios, siendo mayoritario ya en comunidades como la de Madrid o el País Vasco.
  El debate, en estos momentos, gracias a la nueva estrategia del gobierno del PP, vuelve a recobrar virulencia, actualidad, y alarma entre los sectores con menor renta económica, pues la educación, además de ser un servicio para el desarrollo humano, personal y colectivo, y base primigenia de la cultura y el desarrollo de cualquier sociedad moderna, es un instrumento fundamental de igualdad y justicia social.
  Hasta ahora la justificación de los defensores de la concertada, era su menor coste respecto a la pública. Según datos de Mepsyd de 2005 el puesto escolar público, en la enseñanza no universitaria, tenía un coste de 4.520€, con una diferencia entre los centros públicos de 5.299€, y los concertados de 2.480€. Siempre hemos oído que la pública cuesta el doble que la concertada. Sin embargo, si analizamos el coste social, no el que sale de los presupuestos generales, o el coste familiar, las cifras se igualan. Es decir, si toda la enseñanza fuera concertada, a lo que la derecha parece dirigirse, a cada familia la educación de sus hijos les saldría por un ojo de la cara. Un estudio de CONSUMER en 1999, ya advertía de que la concertada costaba tres veces más que la pública, incluyendo todas las actividades y servicios complementarios. La Consejera de Educación del Gobierno Vasco, Isabel Celaá, aporta datos más actuales sobre el gasto educativo. En una comunidad con una distribución de poco más del 50% en privada y un poco menos del 50% en la pública, se destina el 69% del presupuesto educativo a la pública y el 31% a la concertada. Explica Celaá esta diferencia en la distribución del gasto según el tamaño de los centros: Un centro público de 1000 alumnos tiene un coste de 3.404 € por alumno; 4.046€ si el centro es de 400 alumnos; y 9.397€ si sólo tiene 25 alumnos. En secundaría nos vamos a 6.063€ en centros de 1000 alumnos y 12.707€ si sólo hay 60 alumnos. No hay que decir quién es el titular de todos esos centros que matriculan pocos alumnos, y que desde un enfoque de mercado no parecen rentables. Sin embargo, ya el estudio de CONSUMER (1999), que analizaba diferentes centros públicos, concertados y privados puros, reflejaba en sus conclusiones que no existían diferencias significativas en cuanto a los resultados de los alumnos, aún cuando el coste para las familias era mayor en la concertada y mucho mayor en la privada.
  Víctor Ruiz, defensor de la concertada, defiende en su artículo que la concertada refuerza con su presencia los recursos por alumno asignados a la pública, presentando una tabla en la que se muestra y compara el gasto en el País Vasco (49,52% concertada y 10.388€/alumno en la pública) con Castilla-La Mancha (15,52% concertada y 6.749€/alumno en la pública). Arriba, en lo alto de su tabla está el País Vasco, Navarra y Baleares; y abajo, Castilla-la Mancha, Canarias y Extremadura. Aparte de que estos datos no concuerdan con los expresados por otras fuentes; sí advertimos que en comunidades con mayor renta la presencia de la concertada es mayor, y en comunidades con una renta menor la presencia de concertada es también menor. A falta de un riguroso estudio, podríamos deducir que hay concertada donde hay más dinero, donde hay oportunidad de mejor negocio. Permítanme recordar que los porcentajes de matriculación de alumnado extranjero, por poner un ejemplo, es de un 82% en centros públicos y sólo el 14,1% en concertados (MEC, 2011) cuando sólo el 67% del alumnado total está matriculado en los centros públicos. Si a esto uniéramos el alumnado de minorías étnicas y acneae, con mayor presencia proporcional en la pública, nos daríamos cuenta que las necesidades que cubre la oferta de centros públicos en cuanto a escolarización, y en respuesta al derecho a la educación de todos y todas, sin permitir selección o discriminación alguna, nos lleva a un servicio público que vale lo que vale, sabiendo distinguir entre valor y precio. Siendo lo contrario de necios.
  Actualmente, la justificación del coste educativo se ha visto relegado, por una parte debido a la diferencia de los contextos de uno y otro modelo, tal como hemos visto; y por otra parte debido al aumento de las recursos destinados a la educación concertada, tanto al pago delegado del profesorado como a la gestión de los centros, y no digamos de la financiación mediante desgravaciones fiscales y cesión de suelo público, sin olvidar otras vías como la reciente campaña de subvención de actividades extracurriculares y complementarias para centros concertados y privados en Madrid.
  La nueva idea-fuerza del frente neoliberal es ampliar los “Espacios de Libertad”, así lo han dejado claro referentes del PP como la Consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, o la portavoz del PP en la comisión de educación del parlamento, Sra. Moneo. Incluso, es uno de los tres ejes claves del programa educativo del actual gobierno nacional: ampliar la libertad de elección de centro por los padres; y para que haya más libertad debe haber más centros concertados y privados para poder elegir. En este sentido fueron clarificadores los silencios del ministro Wert ante la denuncia de esconder detrás del aumento del bachillerato, un aumento de los conciertos a las etapas no obligatorias. Y no menos claras las declaraciones de Marcial Marín sobre las bondades de la educación privada concertada y su importancia para la lucha contra el fracaso escolar, dejamos aparte lo que de insulto tienen estas manifestaciones para la pública.
  Vestida con esta alegoría de Espacios de Libertad fluye una vieja reivindicación de la derecha y de los sectores dedicados a la educación privada en este país. Así la Mesa de Enseñanza Concertada (2005), que incluye a asociaciones y sindicatos como ANCEE, CECE, CES, CONCAPA, FERE, EyG, FSIE, UECOE y USO, esgrimen en su demanda de mayores recursos que “Tanto la Constitución, en su artículo 27 apartados 1 y 3, como la LODE, en su artículo 4 letras b) y c), consagran el derecho de los padres y tutores a escoger Centro docente distinto de los creados por los poderes públicos y a que sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” Y continúan que “El referente jurídico máximo lo encontramos en el artículo 27 de la Constitución de 1978, en su apartado 4, que establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita.”. He aquí el problema, la interpretación que hacen ellos de la Constitución, por supuesto parcial y, desde nuestro punto de vista, equivocada.
  En el punto 1 del artículo 27, se garantiza el derecho de todos los ciudadanos a la educación, y se reconoce la libertad de enseñanza, no la libre elección de centro. Es decir, el Estado debe garantizar el derecho de la ciudadanía a tener una educación pública, de calidad, y gratuita. Y por otra parte “se permite” que cualquier persona física o jurídica pueda crear un centro de enseñanza (punto 6.), luego reconocido por la Administración, y, en el punto 9. el Estado se compromete a “ayudar” a los centros que reúnan los requisitos establecidos en la Ley (LOE y RD.2377/1985). En síntesis, el derecho universal lo garantiza el Estado mediante una red de educación pública, obligatoria y gratuita, y cualquier persona tiene libertad para crear un centro, como lo tiene para abrir una galería de arte, salvo que en el caso de impartir enseñanzas y pretender dar un título, deberá cumplir una serie de requisitos. Cualquier alumno tendrá libertad para ir a uno u otro centro, público o privado, siempre que éste último este reconocido y tenga dinero para pagarlo, si no fuera gratuito, que la ley no dice nada de cobrar o no cobrar.
  El otro punto en litigio es el tercero de este artículo, donde se garantiza el derecho a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Los defensores de la concertada se aferran a este punto para dar categoría de derecho a la financiación de los centros no públicos. Cuando lo único que contempla el articulado es la imposibilidad de que la educación estatal, pública, imponga una u otra religión o moral contra las convicciones de los padres, o a lo sumo, con planteamiento positivo, el Estado debería permitir que los alumnos y alumnas accedan a una formación religiosa y moral ajustada a las creencias o convicciones de cada familia, pero, en un espacio y tiempo individual, privado, separado del resto de la formación obligatoria, pues el derecho de uno no puede sesgar el derecho de otros, como ocurre actualmente.
  La treta de la concertada es imaginativa, primero solicitan y se les permite impartir una enseñanza, segundo, como esta enseñanza debe ser obligatoria y gratuita, y como ellos quieren cobrar por su servicio, el Estado debe financiarla. Olvidando la diferencia entre lo que es un derecho y deber del Estado, asumido con el servicio público de educación, y la libertad individual de cualquiera para abrir un colegio, como cualquier otro servicio público, hospitales, residencias de mayores, etc. Relevante es la Orden de 30/12/2008, donde se recogen las normas para la suscripción, renovación y modificación de conciertos educativos en CLM. En su punto cuarto exige como requisito para el concierto educativo “a) Que se dé respuesta a necesidades de escolarización, teniéndose en cuenta la existencia de una demanda suficiente que no pueda ser cubierta por la oferta de otros centros financiados con fondos públicos.” Lo que refleja un carácter subsidiario o supletorio de la concertada en nuestra región.
  Lo tremendo de esta nueva idea-fuerza es la utilización de la palabra Libertad, y cómo la entienden los neoliberales: libertad para quien pueda pagarla; libertad para vivir en una chabola o en un adosado; libertad para trabajar por 641,40 euros o no trabajar; libertad para guardar cola en el médico o no esperar; libertad para ir en metro o en Mercedes; libertad para estudiar en la UCLM o en Harvard; y cualquier libertad que se pueda comprar, y cuanto más barata mejor. Esa es la cuestión, la educación es un derecho de y para todos y todas, un derecho que debe garantizar la igualdad de oportunidades, las de salida no sólo de acceso, oportunidades para conseguir más libertades, y lo decimos en plural, libertades, porque en singular y con mayúscula, LIBERTAD, es otra cosa. De ella se encarga la educación pública.
Santiago Langreo.
STE-CLM

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La oligarquía aguanta décadas y siglos, lo que cambia es el marketing, por Julio Anguita

A raíz de los últimos, por ahora, escándalos de corrupción protagonizados por dirigentes políticos, altos cargos institucionales, empresarios y la Casa Real, se han desatado las alarmas en titulares de medios de comunicación y en declaraciones de personalidades de la vida política española. El argumento es reiterativo; se dice que estos hechos “hacen daño a la democracia”. Pareciera como si por un lado existiera una Democracia y por otro determinadas y esporádicas fechorías hechas por personas ajenas al entramado jurídico-institucional. Es decir, se intenta voluntaria o involuntariamente, separar estas prácticas corruptas del entramado económico-político que constituye la columna vertebral del régimen surgido en la Transición. Invito a los lectores y lectoras que en aquellos años eran jóvenes o maduros a que se provean de unos folios, un bolígrafo y la memoria necesaria. Comiencen por los casinos de Cataluña, Penafreta, los créditos a partidos condonados, Filesa, Malesa, Times Export, fondos reservados, GAL, Javier de la Rosa, Mario Conde, Colón y Prado de Carvajal, Diputación de Castellón, Valencia, ERE´s en Andalucía, Jaume Matas, Presidentes de Comunidad de Navarra, jueces procesados por delitos económicos, empresarios amigos de lo ajeno, banqueros sobres, coimas, comisiones, chanchullos, amiguismo, Naseiro, Gürtel, Bárcenas, etc. etc. etc. Y todo ello de un tirón, sin acudir a archivos o anotaciones; un simple ejercicio de memoria y muy por encima. 

  Esta relación de escándalos (y los que faltan) ¿son excepciones o constituyen una práctica que define a un sistema político determinado? El entramado económico oligárquico del franquismo se bañó en el Jordán de la Transición y una vez bautizado como demócrata de toda la vida siguió utilizando este inmenso coto de corrupción que hoy constituye la piel de toro. Cuando algunas veces me he referido a la situación política que surge tras la normalización democrática sancionada por la Constitución de 1978 la he calificado de Segunda Restauración borbónica. Ruego a mis lectores que repasen en cualquier texto de Historia de España lo que la llamada Restauración con Alfonso XII y Cánovas y se quedarán fríos de espanto ante tanta coincidencia. La oligarquía aguanta décadas y siglos. Lo que cambia es el marketing. 
  Va siendo hora de que, llamando a las cosas por su nombre, obviemos el sustantivo Democracia para referirnos a lo que está instaurado en España. Tantas cuantas veces, en el pasado más reciente, se han elevado críticas a este estado de cosas, las voces de la sensatez han acudido a la comparación con el régimen franquista para la existencia de partidos políticos, sindicatos y libertades (dentro e un orden). Resulta curioso que esta llamada Democracia busque su legitimidad en la comparación con la Dictadura y no en modelos, prácticas y ejemplos existentes en Europa o en América (toda ella). Es la filosofía del mal menor, común a resignados y a delincuentes de alto copete. 
  Si la Democracia puede ser definida como un convenio permanente entre seres libres e iguales para seguir permanente conviniendo sobre su contrato social, resulta obvio que las urnas son un componente imprescindible, pero también hay otros componentes imprescindibles; y uno de ellos es que el camino que conduce a las urnas sea, limpio, justo, proporcionado y con el principio de cada mujer, cada hombre un voto en paridad con los otros votos. Democracia es Libertad, pero ese concepto que significa capacidad y posibilidad material y física de ejercer la opción queda relegado a una caricatura cuando las condiciones económicas, sociales o morales de una sociedad la coartan hasta el punto de hacerla una simple caricatura. 
 Nuestro país, como tantas veces en su historia, se encuentra en una encrucijada de la cual no se podrá salir en positivo si no hay proyecto alternativo respaldado por la mayoría de la población y las organizaciones más ligadas al cambio necesario. El tacticismo, la componenda, el pacto de Estado o el ‘tente mientras cobro’ terminan, siempre, siendo colaboracionistas con el régimen. Para hacer esta afirmación he acudido a la memoria sobre nuestro pasado más inmediato. Y es que la Ruptura Democrática, sea cual fuere el ropaje que en cada momento vista, vuelve a citarnos. La primera vez fue con Fernando VII. La penúltima con Franco.

Julio Anguita González 
07/02/2013

Fuente de la fotografía:
Blogueros Revolución

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Mitos acerca de la movilización social: (I) de la movilización individual, por Aurelio Sainz

La acción colectiva que lucha por la defensa o la conquista de derechos políticos y sociales está plagada de mitos.
  Esto no debe ser motivo de sorpresa. Sabemos que los privilegios de las minorías dominantes se sostienen precisamente en la indiferencia, la resignación e incluso muchas veces la complicidad de las personas que sufren la injusticia social.
  Los mitos acerca de la movilización social sirven, entonces, para promover la pasividad de los perjudicados, para obstaculizar que nos organicemos con el objetivo de abolir las relaciones de desigualdad.
  Hay muchos mitos, pero sólo pretendo reflexionar sobre aquellos que considero más importantes. El primero es el que llamaré “Mito de la movilización individual”. El mito de la movilización individual considera que la acción colectiva por la justicia social es resultado simplemente de la suma de muchas movilizaciones individuales. Imagina a los individuos aislados en sus casas, haciendo un cálculo de los beneficios y perjuicios que conllevará para él o ella participar en las protestas, hasta decantarse por la opción más ventajosa.
  El mito de la movilización individual es un mito porque la realidad nunca es así, pero sobre todo porque si fuera así, no habría movilización social de ningún tipo.
  La prueba de ello la encontramos en lo que se conoce como el “dilema del gorrón (free-rider)”. Este dilema postula que a un individuo que va a beneficiarse del resultado de una acción colectiva participe o no en ella, siempre le va a ser más ventajoso no sumarse y aprovecharse de la protesta realizada por los demás. Como todos los individuos llamados a sumarse a dicha acción se encontrarían ante la misma tesitura, el resultado es que si la movilización social fuera la mera suma de movilizaciones individuales, nadie se movilizaría nunca por un bien común, porque todos buscarían aprovecharse de los demás y ninguno daría nunca el primer paso.
  El ejemplo que suele ponerse, no por casualidad, es el de una huelga de trabajadores y trabajadoras. Cada empleado puede calcular que si va a trabajar mientras sus compañeras hacen huelga, no perderá su sueldo ni se expondrá a represalias por parte de los propietarios de la empresa y, al mismo tiempo, disfrutará de los derechos que se logren con la acción de protesta. El problema es que si todos y todas realizan el mismo cálculo, ningún trabajador irá a la huelga y las condiciones laborales de todos se irán deteriorando sin freno.
  Ahora bien, el hecho es que sí, sí ha habido, hay y habrá huelgas y otras movilizaciones sociales. Por lo tanto, además de descubrir el mito de la movilización individual, lo que el dilema del gorrón nos enseña es que si el bien buscado es común los medios para alcanzarlo tienen que ser ya de alguna manera comunes, tienen que ser nociones, valores, medios, contextos o prácticas compartidas; las personas tienen que apoyarse en algo que las vincule entre sí; o dicho en forma de sentencia, lo común sólo se construye a partir de lo común.
   Nos ofrece igualmente otra lección muy importante. Nos enseña que el mito no es una simple mentira, sino que tiene un cierto anclaje en la realidad. Ese anclaje no es que el ser humano sea egoísta por naturaleza, ese no es sino otra versión del mismo mito. El anclaje es que la división, la separación, la individualización de los que sufren la injusticia es una estrategia puesta en marcha de manera diversa pero continuada por el poder para impedir que se coordinen o al menos para bloquear la lucha cuando la movilización ya ha comenzado.
  No otro es, por ejemplo, el efecto de las multas administrativas que las subdelegaciones del gobierno de toda España están poniendo a los activistas contra del expolio social que los poderosos y corruptos están realizando con excusa de la crisis. Las multas administrativas no frenan sólo porque suponen un gasto económico adicional, sino porque individualizan al multado o multada. Separan su acción de la protesta colectiva, único contexto donde ésta tiene sentido. La aíslan como si aquello que hicieron los manifestantes nada tuviera que ver con la política de vulneración de derechos sociales decidida por los mismos que ponen las multas.
  En resumen, la lucha social por los derechos supone la lucha entre la división y la individualización que pretenden imponer los privilegiados y el esfuerzo de los resistentes por hacer efectivo lo común.
  Que la movilización individual sea un mito no quiere decir que cada persona no sea responsable de lo que hace o no tenga que decidir en último término si participa o no en una movilización. Significa que las movilizaciones suceden dentro de un contexto social y en unas circunstancias determinadas en las que nos toca decidir. Entre muchos y con esfuerzo, coraje e inteligencia podemos cambiar esas circunstancias, pero cada uno de nosotros por separado ni las ha diseñado ni las puede diseñar a su gusto.
  En su libro El poder en movimiento, un clásico en el estudio general acerca de los movimientos sociales, el sociólogo Sidney Tarrow señala al menos cuatro aspectos de lo que él llama “acción colectiva contenciosa” por la que ésta sólo puede entenderse como social y nunca como individual.
  Según Tarrow, la movilización social es social y no individual porque:
  1.Las movilizaciones cobran fuerza y tienen capacidad transformadora en los momentos históricos en los que, por unas circunstancias u otras, se amplían las oportunidades políticas. Generalmente, esto ocurre porque el régimen político o el sistema económico sufren una crisis de legitimidad. Tarrow señala como importantes los momentos en los que se generan alianzas entre los oprimidos anteriormente bloqueadas o aquellos en que los grupos dominantes se dividen o debilitan. Los cambios, por tanto, en las situaciones socio-políticas promueven las movilizaciones sociales y ellas, a su vez, promueven nuevos cambios.
  Por ejemplo, el sometimiento de los partidos políticos mayoritarios a los dictámenes de los mercados financieros supuso la pérdida de legitimidad del régimen democrático heredero de la transición española, situación que propició el surgimiento del 15M hace año y medio y todas las movilizaciones de las diferentes mareas desde entonces. 
  2.Las movilizaciones utilizan y crean repertorios de confrontación, tipos de acciones con las que se organizan, hacen públicas sus exigencias y presionan socialmente para lograr el cambio buscado. Ese repertorio de acciones, asambleas, manifestaciones, encierros, ocupaciones, camisetas, pancartas..., no surge de la nada, tiene un recorrido histórico y son reinventadas y adaptadas a las nuevas circunstancias por los nuevos activistas, buscando la adhesión de la ciudadanía. El repertorio no puede ser elegido al azar porque, además de cumplir su función específica, tiene que poder ser entendido por todo el mundo.
  La acampada de la Plaza del Sol en Madrid es un buen ejemplo de repertorio exitoso. Tomado de las acampadas de la Plaza Tahrir de El Cairo, reinventa, al mismo tiempo, las ocupaciones de facultades y fábricas de los años sesenta y setenta, dándoles una nueva dimensión metropolitana. Las acampadas pronto se extendieron por todo el país y cruzaron fronteras con una tremenda capacidad de contagio.
  3.Las movilizaciones llevan también a la creación de redes sociales y de comunicación. Lo que actualmente se llama “redes sociales” son, más bien, redes de comunicación, muy importantes en toda movilización social, pero no suficientes para constituirla. Las redes sociales son las relaciones de tipo afectivo, vivencial, práctico que establecen los activistas entre sí y que pueden plasmar de muy diversas maneras, desde la vida en el barrio a las sociedades, clubes, ateneos, casas del pueblo, centros sociales, okupados o no, o culturales, etc. Incluye, igualmente, la coordinación entre activistas de diferentes localidades y vinculaciones de ayuda mutua, cooperativa o solidaria.
  El énfasis que se pone en las luchas actuales sobre las redes de comunicación no es casual. Al menos por el momento, se ha logrado abrir una brecha en el monopolio comunicacional que detentan los grandes medios propiedad de grandes empresas. Como ha ocurrido en otros momentos históricos, romper el monopolio de la comunicación es un paso decisivo, pero, como también se suele recordar, las redes de comunicación tienen que apoyarse en redes sociales más complejas sin las que será difícil que la brecha avance hasta hacerse camino.
  4.Las movilizaciones, por último, suponen la activación de marcos culturales de explicación y legitimación de las acciones de protesta. No hay protesta social si no se parte y se re-elaboran puntos de vista y valoraciones compartidas acerca del problema que se intenta resolver, acerca de la injusticia que se intenta abolir. Nadie inventa desde su aislamiento el modo en que pueden ser entendidas y apreciadas las situaciones de opresión que una movilización social de defensa o de conquista de derechos pretende cambiar. Es más, nadie es capaz de contrarrestar en solitario los discursos de los poderosos y sus lacayos que justifican o excusan las desigualdades sociales. Esa lucha en torno a los discursos y los afectos, sin la que no puede haber transformación social, es una lucha colectiva en la que están activamente involucradas innumerables personas, multitud de personas que dan forma y adaptan a los acontecimientos y a las circunstancias el discurso y el afecto insumiso. Y, en efecto, esas personas no pueden permitirse ser átomos aislados.
  En fin, la movilización es irreductiblemente una realidad social, y no una suma de impulsos individuales, porque genera un efecto social que sobrepasa a todos los participantes, un efecto producido por su actividad conjunta. Esa es la razón, además, por la que es tan importante que su coordinación sea de una máxima exigencia democrática. Es necesario evitar que el efecto social de la movilización, ese resultado de la cooperación de muchos, de incontables, termine separándose de los que lo han generado y, acaparado por unos pocos, se vuelva contra los propios movilizados.










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Sobre la corrupción de los políticos, por Miguel Ángel Domenech

La pregunta sobre las causas de una más aguda crítica y desafección hacia los políticos que se registra hoy día en nuestras sociedades debería estar precedida por esta otra: ¿Por qué ahora? No es aceptable la respuesta de la provocación que haya supuesto la aparición súbita y abundante de casos de políticos corruptos, porque ni es súbita ni es nueva ni es más abundante que en otros tiempos. La práctica de ejercer las funciones públicas obteniendo de ello un beneficio personal ni es un fenómeno actual ni sorprendente. No poseemos encuestas realizadas en época del aprovechado Alcibiades del siglo IV y aunque poseemos los discursos indignados de Cicerón contra Catilina, no fue anotado históricamente que ello condujese a una desafección hacia los responsables políticos, sino, al contrario, suscitaba un discurso orgulloso y republicano de valoración de la virtud cívica y elogio del compromiso político virtuoso y de aquellos que lo practicaban e incluso de insistencia en la necesidad de una vida ciudadana más política. La mayor presencia de ciudadanos airados y mayores indignaciones de hoy no nos explica sino que nos hace retornar a la misma pregunta formulada de otra manera ¿Por qué la corrupción es hoy menos tolerada?
  Para el liberalismo que rige nuestros destinos colectivos, el Estado y la actividad política se legitiman, de hecho, no por lo jurídico sino por lo económico. Es la economía lo que permite afirmarse al Estado y al gobierno de las cosas públicas. El buen funcionamiento de la economía producía un acuerdo permanente. Los agentes sociales, a titulo de inversores, de trabajadores, de empleados, a título de sindicatos o de consumidores, todos estos socios de la economía producen un consenso permanente en la reproducción de la riqueza y de la economía que da lugar a un pacto que se hace político. El subproducto óptimo que da a luz el liberalismo no es el económico, no es solamente el Estado de Bienestar, sino el Estado mismo, la política misma y la actividad de los políticos. En una sociedad capitalista de mercado lo que legitima la política es la economía política. En ella, la economía produce signos políticos que permiten la justificación del poder. Nada más expresivo de esta función que el cínico consejo que entre sí se daban los socialdemocratas gobernantes el "Consigue un buen ministro de economia y échate a dormir" de W.Brandt a Felipe González.
  Según Max Weber, el enriquecimiento -para el protestantismo calvinista- era signo de la elección de un individuo por Dios. Este fue el motor moral del capitalismo. El rico, por su ahorro y trabajo, si había obtenido riqueza, recibía no solamente legitimidad por su riqueza, sino que además esta misma prosperidad era un signo de que alcanzaría la salvación. El enriquecimiento global en el Estado del capitalismo liberal es hoy un signo ya no de elección divina, sino signo de legitimidad del Estado mismo que motiva la adhesión cotidiana de los ciudadanos al hacer de los políticos. El individuo de la sociedad liberal estima a sus políticos no por ser agentes de la democracia, sino por ser agentes de la eficacia. No por ser mandatados de la razón y la voluntad colectiva, sino por ser agentes comerciales de la voluntad y de la racionalidad del mercado. La moralidad política no deriva del cumplimiento de la ley convenida y de la producción de la norma como resultado de la decisión del pueblo, sino del cumplimento de las leyes naturales del mercado y de la formulación de las normas humanas según la exigencia de aquellas leyes consideradas naturales. El hacer del político no se fundamenta en un agere civile sino en un agere económicamente exitoso. Por el lado del gobernado, la ciudadanía no se preocupa por ningún vivere civile, sino por un vivere consumidor y de enriquecimiento. Es el “Enrichissez-vous” de Guizot y el “Somos el país donde mas rápido puede uno enriquecerse” de Solchaga. El Estado, el gobierno y los políticos representantes mandatados por el pueblo no son preferibles ni justificados en la medida en que cumplan la voluntad del pueblo y el mandato por el que son elegidos a ejercer su magistratura, sino porque son útiles. Lo imperdonable no era que fuesen injustos o corruptos, sino que fuesen desacertados. El político óptimo no es el que representa la voluntad del pueblo, sino el que es útil, hábil, inteligente,… y enriquece más (a los otros como a sí mismo).
  De la misma manera que el mercado ya no se situaba en la plaza, es decir, en un lugar público, sino en oficinas técnicas, la política -a imagen de este nuevo mercado- no se situaba en ningún ágora público sino en las oficinas de los ministerios, con puerta de acceso a los empresarios y los negocios. Nadie reprochaba a los políticos que se ocultasen en sus despachos y pudiesen enriquecerse oscuramente utilizando aquella puerta. Este era su trabajo. Si el Estado se justificaba, no por el derecho y la justicia sino por la economía, la promoción de las ventajas de los intereses individuales, y la protección del juego libre de esos intereses, entonces los políticos debían hacer lo mismo. A aquellos que estuviesen en el poder, se les decía: “dejad hacer –laissez faire- a los libres juegos del interés y dedicad vuestra función pública a garantizar las condiciones del provecho individual, incluido, ejemplarmente, el vuestro propio. Los que estéis en la oposición denunciad el desacuerdo con los errores funcionales y reclamad el turno del mismo ejercicio.”
  El esquema político del liberalismo produce lo público y la ley como un contrato social –a imagen del jurídico contrato de negocios- de intereses individuales o corporativos contrapuestos. Lo público, lo político, debe limitarse a la garantía del funcionamiento sin interferencias de esos intereses, para lo que debe utilizar de manera privilegiada los instrumentos de orden judicial, y policial. La libertad es que nadie intervenga en mi vida. Competitivamente, mi libertad termina donde empieza la de los otros. La libertad de los otros es la frontera de la mía por lo que estoy interesado en que la de estos otros acabe pronto y las fronteras de espacio de libertad del otro sean mínimas. La desigualdad forma parte útil y necesaria del procedimiento. La economía no solo es el paradigma de ese esquema (contrato, intereses individuales, beneficios, competencia…), sino que su buen funcionamiento es la prueba última de su verdad. Se tienen los políticos que ese esquema demanda: competitivos, atentos a su interés individual, desiguales, inclinados a lo represivo, orientados al beneficio. Sus lugares favoritos: la empresa y la cárcel. Son destacados mercaderes, gerentes apoderados. Por último, se tienen los ciudadanos que se merecen: desiguales, consumidores, peticionarios de servicios que prestan sus votos a aquellos otros como pago y los justifican por su habilidad.
  En el esquema republicano, la ley y lo público es un producto de la voluntad popular, no de un contrato. Es resultado de la actividad política de los ciudadanos que se comprometen en darse sus propias normas y autogobernarse. El Estado no es una estructura técnica instrumental diferente, sino que es la propia comunidad, la asociación igualitaria de los ciudadanos gobernándose. El mecanismo que garantiza el funcionamiento es el compromiso civil de los ciudadanos, su educación y motivación por la suerte de lo común y de los otros. La condición de toda esta arquitectura es la igualdad tanto material como jurídica. Su motivación no es los intereses particulares, sino el ejercicio de la libertad. Mi libertad comienza donde empieza la de los otros, por lo tanto estoy interesado en que los otros tengan temprana y abundante la libertad. La igualdad es necesaria. Se tiene los políticos que ese esquema pide: ciudadanos iguales a los demás, obligados a la voluntad popular, sensibles a lo que es de todos, preocupados por la igualdad, solidarios. Su sitio preferido: la escuela. Son ciudadanos, iguales, mandados y brevemente mandatados. Finalmente se tienen los ciudadanos que se merece: todos son políticos, iguales, participantes, solidarios, que se turnan brevemente en las funciones de mandar y obedecer*.
  ¿Dónde, entonces, se promueve al corrupto? ¿De dónde viene el político corrompido? ¡Siempre ha estado entre nosotros! El político corrupto era el político a secas ¿Por qué es ahora censurado? ¿Quae fuerant mores vicia sunt? ¿Por qué lo que fueron costumbres ahora son vicios?… Simplemente porque en esta sociedad liberal de mercado el lugar de la verdad de lo político está en la economía y en el mercado y sin éste no marcha lo político y todos sus agentes quedan en el campo de la mentira.
  Si es el mercado, el interés, el lucro, el que debe decir la verdad de la práctica de gobierno, si el éxito en la riqueza y el beneficio es el criterio de lo público, cuando esto cesa y los mercados se derrumban, todo lo público es un embuste y lo político es deslegitimado. Siendo el mercado y sus beneficios el lugar de verificación y falsificación de la práctica política, cuando no produce lucro, toda la política es una falsedad.
  Pero ni los políticos son ahora más perversos que antes ni en los ciudadanos ha surgido una nueva sensibilidad moral de la que antes carecían. El político sigue siendo el mismo, el que una vez agotado el hecho democrático en el voto y con el nombramiento en mano y con perspectivas de prolongarse, va a lo suyo. Es, y era, el político-mercader. El ciudadano sigue siendo igual: el que juzgaba al gobierno según la eficacia en la asignación de recursos para ser consumidos. Fallida la economía política, fallida la política. Es, y era el individuo-consumidor. Nadie es menos culpable que ayer ni ninguno más meritorio hoy.
   Es la propia racionalidad del sistema capitalista liberal. El mercado, al que se le ha consentido ser el juez, ha dictado su veredicto y ha expuesto su verdad. Ha dejado al rey desnudo de razones y al político con el culo al aire. Pero aquél nunca ha estado vestido y éste siempre había sido un corrupto. Ahora nos damos cuenta. ¡A buenas horas mangas verdes!

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*No siempre el concepto de corrupción ha tenido el mismo significado que el que hoy tiene de delito tipificado penalmente en la forma de cohecho, malversación, etc. Para lo republicanos florentinos del XV-XVI, los corrompidos políticamente eran los que ponían sus intereses personales prevaleciendo por encima del interés común y en esa corrupción incurrían para Maquiavelo, tanto gobernantes como gobernados. Políticos o ciudadanos podían ser corruptos si descuidaban su interés por lo público, hasta el punto que una población entera podía volverse corrupta de manera casi irreversible si se prolongaba su sometimiento a una tiranía y la gente se acostumbraban hasta tal punto a ella, a obedecer sumisamente conformándose con sus ventajas individuales, que olvidaban el gusto por la libertad. Esa población podía quedar así tan gravemente dañada en su vivir civil que eran ya para siempre incapaces de vivir libres. Corruptos igualmente y degeneradas -se señalaba entonces y por los revolucionarios ingleses del XVII y franceses del XVIII- eran las costumbres que ocasionaron la caída y decadencia de la republica romana, el ansia de vivir opulento, el olvido de la vida moderada y sobria, el afán de lucro. El ejemplar Cincinato de Tito Livio, abandonaba la vida privada donde le encontraban labrando la tierra con sus bueyes para atender a la llamada de la Republica y volvía de nuevo a su humilde trabajo y no a ningún Consejo de Administración, cuando terminaba la labor que se le había encomendado. Los ciudadanos y los políticos debían de reencontrarse iguales, disponibles y desinteresados en los surcos de labranza. Existía asimismo el mito político ejemplar de una Esparta hecha de ciudadanos virtuosos y pobres pero libres. Con estos mimbres los políticos de hoy, acusados de corrupción, podrían puerilmente replicar a sus airados conciudadanos:” ¡Y tú más!”.


Miguel Ángel Domenech



Fuente:
http://republicadelosiguales.blogspot.com.es/2013/01/actualidad-sobre-la-corrupcion-de-los.html

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