Criminalizar la lucha digna levanta conciencias dormidas, por Pilar García Carín

El pasado 28 de diciembre se realizaron en numerosas localidades del país incluida Cuenca, concentraciones por la libertad de Alfon Fernández, un preso político que lleva encarcelado desde la última huelga general del 14N. Y es que en esta pseudodemocracia la libertad de expresión se convierte en infracción si tu protesta, aunque pacífica, no es grata para los oídos de los dictadores que nos gobiernan, que queriendo evitar cualquier tipo de discrepancia utilizan el camino de la criminalización de la protesta ciudadana. 
  No podemos olvidar la historia reciente de este país. No podemos olvidar que hace sólo 35 años salimos de una dictadura donde se encarcelaba a la gente por pensar diferente. No podemos mirar para otro lado cuando estamos viendo que la historia se repite, y a sabiendas de que es actuando como podemos cambiarla. 
  En nuestra ciudad se criminaliza a compañeros, a ciudadanos, a personas por ejercer su derecho a la protesta, por dejar claro su rechazo al desmantelamiento de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales. Por luchar, en definitiva, contra el deterioro planificado del sistema público de la región. 
  En Cuenca, varias decenas de personas han sido ya sancionadas por manifestarse de manera pacífica, por decir “a la cara” a los responsables del desmantelamiento de nuestro hospital y a la presidenta de nuestra región que no queremos más privatizaciones, que queremos una sanidad, una educación y servicios sociales gratuitos y de calidad para todos, y que no queremos que nuestra región quede reducida a ser el vertedero de la basura nuclear de todo el país. Estas personas aún tienen sus procesos abiertos, y siguen alegando ante las respuestas sancionadoras de Angel Mariscal, subdelegado del gobierno en Cuenca. 
  En esta ciudad hay también profesionales de diferentes sectores públicos que están sufriendo verdaderas persecuciones dentro de su trabajo, que incluso han sido expedientados y sancionados con suspensiones temporales de empleo y sueldo. Y todo por manifestar su opinión abiertamente, por entender que la defensa de lo público es parte de su trabajo. 
  Es sobradamente conocido que en ningún momento la protesta ciudadana ha puesto en peligro la seguridad de las personas, ni los bienes de uso público. Y, sin embargo, hay personas multadas, expedientadas, acusadas. Personas que si quieren hacer frente a su defensa por la vía judicial tienen, ahora, que pagar unas tasas abusivas. 
  No podemos dejar que nos priven de un derecho tan básico y fundamental como es el de la libertad de expresión, por eso es necesario seguir adelante con la protesta, continuar defendiendo nuestra dignidad organizándonos contra este sistema opresor que nos gobierna. 

Pilar García Carín es miembro de ATTAC CLM

Fotografías: Cuenca Alternativa

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Editorial: Un día triste para Cuenca

Hoy es un día triste para Cuenca. Lo es, al menos, para la mayor parte de las personas que viven en esta ciudad, para una mayoría de personas que va a ver cómo el agua común, de tod@s y para tod@s, va a ser mercantilizada para pagar la deuda del Ayuntamiento. Pero ¿qué deuda es ésta?, ¿cómo ha sido contraída?, ¿quién la ha contraído?, y, sobre todo, ¿es legítimo que la ciudadanía se haga cargo de esta deuda entregando el agua de tod@s como aval? 

Hoy el PSOE, que gobierna por mayoría absoluta en este ayuntamiento, ha abierto las puertas a la privatización del agua. Pese a las 2.000 firmas que la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cuenca ha recogido en tan sólo unos días contra esta iniciativa, y que han sido calificadas como “una serie de firmas” por el concejal de Economía y Hacienda Enrique Hernández Valero, el PSOE ha seguido adelante con su propuesta. Tampoco le han servido de freno las alegaciones presentadas por diferentes organizaciones ni las numerosas personas que han asistido al pleno en calidad de público (sin derecho a voz) provistas de carteles en los que manifestaban con claridad su rechazo a este cambio de gestión del agua que nos compromete para 25 años. 
El PSOE se ha dado mucha prisa en aprobar el cambio de gestión del ciclo integral del agua. La memoria explicativa de este cambio de gestión se hizo pública en fechas recientes y, como ha quedado claro en la exposición de las alegaciones esta mañana en el pleno, no contenía los datos clave del cambio de gestión. De manera que no ha habido tiempo para crear un verdadero debate social y por ello tampoco ha habido posibilidad de que la ciudadanía se informara y conociera el alcance de este cambio. El debate público hubiera estado más que justificado ya que el PSOE no incluía el cambio de gestión del ciclo integral del agua en su programa electoral ni tampoco en el Plan de Ajuste que aprobó. 

  Hoy es un día triste para Cuenca, pero al mismo tiempo es el día en el que Cuenca tiene que empezar a decir “basta” a los atropellos de quienes nos gobiernan, simplemente porque no nos representan, porque no buscan el interés ni la mejora del común, porque no buscan el reparto equitativo de la riqueza, porque no atienden a la situación por la que atraviesa la ciudadanía, porque en vez de hacer los cambios estructurales que demandan situaciones como la presente nos privatizan los bienes más básicos para seguir funcionando como siempre. 





Fotografías del Pleno Municipal del 27 de diciembre, por Cuenca Alternativa.

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El agua es vida, no mercancía, por Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cuenca


Como ya es sabido, la Plataforma para la Defensa de los Servicios Públicos y Sociales de Cuenca se opone a la privatización de la gestión del ciclo integral del agua que pretende realizar el Ayuntamiento de Cuenca. Encabezado por el alcalde Juan Ávila del PSOE, el Ayuntamiento pretende cambiar la gestión municipal del agua con el único fin de utilizar los derechos del agua de los próximos 25 años como aval para conseguir trasladar la insostenible deuda del consistorio a la próxima legislatura. Para ello, a pesar de que ya pagamos a un equipo de asesores, se ha encargado un informe a la multinacional Pricewaterhousecooper que nos ha costado 21.000 euros de las arcas públicas. 

Pero, ¿qué supone y en qué consiste el cambio en la gestión de nuestra agua? 

  El abastecimiento del agua, que hasta ahora se regulaba en base al derecho administrativo, que es la rama del derecho público encargada del buen funcionamiento de los servicios públicos, con este cambio se regirá a partir del derecho mercantil, o la rama del derecho privado que regula el ejercicio del comercio. 
  El abastecimiento de nuestra agua dejará de sostenerse por medio de tasas, que es un tributo cuyo hecho imponible consiste en el aprovechamiento especial del dominio público, y será cobrado mediante un precio privado, que es un pago a la obtención de una mercancía cualquiera. 
  El abastecimiento del agua se convertirá en aval para un préstamo. 
  Por estos motivos, decimos que este cambio en la gestión del agua supone la mercantilización de un bien necesario para la vida. Se quiere convertir el agua en mercancía para que sea explotada por una empresa pública en régimen de monopolio y con una gestión privada. En otras palabras, estamos ante un caso de privatización encubierta enteramente ilegítima, pues además de que el proyecto no aparece en el programa electoral que el PSOE presentó a la ciudadanía, ningún representante político tiene derecho a convertir en mercancía un bien común como es el agua. 

Pero, ¿qué objetivos o razones fundamentan este cambio en la gestión de nuestra agua? 

  La única motivación real que mueve al alcalde para acometer este proyecto es obtener financiación a través de créditos bancarios utilizando el agua como aval. Así, mediante un proceso de “ingeniería contable”, se pretende reducir la deuda municipal gracias a un adelanto del canon. 
  En la práctica, nos encontramos ante otro caso de una política supeditada al poder financiero, a la banca, con un gobierno municipal que engaña a la ciudadanía escondiendo sus intenciones en la campaña y programa electoral, para luego acometer desde el poder las políticas que quieren los bancos y en perjuicio de la ciudadanía a la que deberían representar. En este caso, están dispuestos a que un bien común y de primera necesidad pase a ser el aval para un préstamo que haga frente a una deuda ilegítima de la que la ciudadanía no es responsable, hipotecando así nuestro presente y nuestro futuro. 

¿Hay alternativas? 

  No se trata de encontrar alternativas al uso del agua como un aval para poder pagar la deuda financiera del Ayuntamiento. 
  La única alternativa al colapso financiero, reconocido por ellos mismos, es una auditoría ciudadana que estudie a fondo la deuda municipal con total transparencia, poniendo especial atención en discernir la que es legítima y la que no y señalando a sus responsables. La deuda ilegítima no se debe pagar. 
  La deuda legítima, si la hubiese, debería amortizarse mediante impuestos progresivos que exijan más a quien más tiene o más se ha beneficiado de dicha deuda sin contribuir tradicionalmente al sostenimiento de lo público, empezando por bancos, constructoras o el IBI de los inmuebles eclesiásticos. 
  Es inadmisible que, existiendo familias incapaces de asumir gastos básicos, se pretenda hacer que sean éstas las que sufraguen mediante el pago por el uso de un bien básico como es el agua las irresponsables deudas del Ayuntamiento. El consumo familiar debería ser un bien gratuito, costeado mediante tasas por los que mayor consumo de agua realizan (césped, piscinas, usos industriales,…), sin que en ningún caso lo recaudado supere el coste real del mantenimiento y mejora del servicio y sus infraestructuras. 
  En cualquier caso una medida de este calibre no recogida en el programa electoral debería ir precedida de una consulta a la ciudadanía mediante referéndum. 
  Debemos unirnos e impedir este cambio en la gestión del agua que no nos representa y que nos perjudica tanto a nosotros como a las generaciones venideras. 
  Es por eso que decimos a los conquenses: ¡LUCHA POR TU AGUA! ¡LUCHA POR TUS DERECHOS!


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La mentira de los impuestos, por Miguel Ramírez Muñoz

La mentira de los co-pagos, subidas de tasas y el IVA. Los impuestos de los ricos los pagamos los pobres. 
  Habitualmente, y popularmente, se entendía que la derecha es menos favorable a los impuestos que las izquierdas, y así veníamos asistiendo a que en los programas de los partidos políticos de la derecha, se hacía especial hincapié en la rebaja de impuestos, en teoría para favorecer la economía “privada”, y por otro lado, las izquierdas, hablábamos de mejores impuestos, en teoría para favorecer al conjunto de la sociedad. 
  Sin embargo, desde que ZP dijera aquella frase “bajar impuestos es de izquierdas”, y que el PP se liara con la subida del IVA, aquí parece que nadie sabe por dónde se anda. 
  Desde que empezó nuestro “rescate”, en mayo del 2.010, se han ido imponiendo nuevas figuras impositivas; euro por receta, co-pago farmacéutico y en el transporte sanitario, enorme subida de tasas de la Junta de Castilla-La Mancha, tasazo en la Justicia, en matrículas universitarias, subidas de la luz, agua, gas, combustibles, etc.., a la que tenemos que sumar una gran subida del IVA, que es el impuesto más injusto, pues grava por igual a todo el mundo, sin tener en cuenta su capacidad económica. 
  Cuando hablamos de estas subidas, no podemos olvidar otras subidas de impuestos encubiertas, como por ejemplo, el retraso de la edad de jubilación o los recortes en prestaciones por desempleo, que son también subidas de impuestos, pues al fin y al cabo se va a tener que pagar más y durante más tiempo, por acceder a un derecho o una atención social. 
  El resultado final de todo esto, es un profundo cambio de la estructura impositiva de nuestra fiscalidad, de tal forma, que con la excusa de no hacer una reforma fiscal justa que cumpla con el mandato constitucional de unos impuestos progresivos, se está produciendo un escandaloso y vergonzante trasvase de rentas de las capas populares, a los sectores mas enriquecidos y privilegiados. 
  La sociedad española es víctima de un chantaje inaceptable por parte de determinados sectores económicos y financieros, que amenazan con una fuga de capitales si se acomete esta reforma, o se le pone cerco al fraude fiscal de las grandes empresas y patrimonios de nuestro país, que según los técnicos de Hacienda, podría suponer aumentar la recaudación del Estado en unos 60.000 millones de euros anuales, dinero más que suficiente para el sostenimiento del gasto social y evitar los recortes. 
  Aún así, la fuga de capitales se ha ido produciendo en este último año, más de 300.000 millones de euros “desinvertidos” en nuestro país, y se han ido por la insostenibilidad de las cuentas públicas, debido especialmente a la caída de los ingresos y por unas políticas de recortes que han empeorado la crisis en España y la vuelta de la recesión en Europa. 
  Este círculo vicioso no es por casualidad. Las numerosas rebajas fiscales del PP y el PSOE, han supuesto que la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras sea de las mayores de la UE, mientras que para las grandes empresas y patrimonios existe todo un abanico de paraísos fiscales legales (como las SICAV) que les permiten tener una presión fiscal muy inferior a la que tienen las PYMES y trabajadores. El tipo medio por Impuesto de Sociedades de las principales empresas del IBEX 35, no llega al 12%, mientras que la del IRPF de los trabajadores y pymes es del 20-25%. 
  Ese hueco que dejan en las cuentas públicas la no tributación de estos sectores enriquecidos, están siendo compensados con la reducción de servicios públicos, despidos y subidas de tasas, IVAs y copagos, que especialmente sufrimos la mayoría social. 
  Es decir, que esta contradicción de pagar más impuestos cuando se reciben menos servicios, es el resultado lógico de una política fiscal, tendente a favorecer a la élite empresarial y financiera, en detrimento de la cohesión social y territorial del conjunto de España y de Europa. 
  Ese excedente empresarial, esa plusvalía añadida por no contribuir de una manera justa al sostenimiento de las cuentas públicas, fue destinado a fondos de inversiones especulativos en vez de favorecer a la economía real, y resulta que ahora que han pinchado, se nos vuelve a descargar sobre los ciudadanos el coste de su rescate financiero. 
  Como verán, cuando oigan a un miembro de cualquier gobierno decir que bajarán los impuestos, échense mano a la cartera, porque lo que quieren es que bajo otras formas, la mayoría social y trabajadora, cubramos el agujero que no pagan la minoría enriquecida, rentista y especuladora. 

Miguel Ramírez Muñoz es Coordinador Provincial de IU Ciudad Real.

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Sr. Mariscal: Argumentos para elegir bien, por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca

Dice el Subdelegado del Gobierno en Cuenca, Sr. Mariscal, en referencias al futuro del tren convencional, que no se pronuncia hasta conocer la decisión del Consejo de Ministros y que "todo no se puede tener", contraponiendo el futuro de este tren a la subida de las pensiones y a poner más servicios en la línea del AVE. 
  Mala impresión causa estas declaraciones, además de dejar constancia de que en realidad, estos cargos no existen para defender a las personas que vivimos en esta provincia, sino para defender las decisiones del Gobierno que les paga. 
  También dice que la vía necesita importantes inversiones "y que hay que preguntarse si se hacen esas inversiones va a coger más gente el tren". 
  De todos es conocido que desde hace años, la línea de ferrocarril normal Madrid Cuenca Valencia, se encuentra prácticamente abandonada en el tramo que corresponde precisamente a la provincia de Cuenca. Ello, porque no se han dedicado las inversiones necesarias para su correcto mantenimiento, lo que ha producido un aumento de los tiempos de viaje y múltiples incidencias, que han acabado expulsando a un número importante de usuarios. Junto a ello, desde el año 2008, no se llega a la estación de Valencia Nord y desde al año 2009, no se llega a Madrid Atocha, obligando a los viajeros a hacer incómodos transbordos, que también han expulsado a usuarios del ferrocarril. 
  A pesar de todo ello, este tren sigue siendo necesario para un número de usuarios similar al de los que usan la estación del AVE de Cuenca, como desde la Plataforma por un Ferrocarril Público y Social de Cuenca, hemos demostrado con datos oficiales. 
  Pues bien, decirle al Sr. Mariscal varias cosas: 
  1. Si los representantes institucionales de esta provincia se hubieran preocupado un poco de este asunto, haciendo gestiones para que el dinero que ha venido apareciendo en los Presupuestos Generales del Estado para conservación de la línea se hubiera gastado realmente, el ferrocarril normal de Cuenca estaría en perfectas condiciones para prestar un servicio de calidad. Igualmente se deberían haber preocupado para evitar los incómodos transbordos. Decir también que tanto la infraestructura, la superestructura de ésta línea como los trenes que por ella circulan hace años que están amortizados, por lo que habría que entender en términos estrictamente económicos, que no generan costes, sino que aportan beneficios al territorio por el que transcurre. 
  2. En el año 2007, último año completo que los trenes llegaban a Valencia Nord y a Madrid Atocha, solamente las cuatro estaciones más importantes de Cuenca, (la de la capital, Carboneras, Huete y Tarancon), tuvieron 158.012 viajeros en origen y 153.400 como destino, es decir, un total de 311.412 viajeros. La de Cuenca capital 203.553 viajeros. La estación del AVE de Cuenca, en el año 2011, descontando los viajes gratis de los cuatro primeros meses subvencionados por la Diputación, ha tenido unos 208.000 viajeros. 
  3. Todos los estudios económicos serios que se han hecho en este país sobre la alta velocidad ferroviaria, nos indican que la línea del AVE Madrid Valencia, nos cuesta a todos los españoles, la usemos o no, unos 200 millones de euros al año, para tenerla operativa. En el año 2011, tuvo aproximadamente 1.900.000 viajeros. El resultado es que el conjunto de la ciudadanía le pagamos unos 100 euros a cada viajero del AVE Madrid Valencia, para financiar los costes de ese servicio. 
  4. Según datos del Ministerio de Fomento, la deuda que soporta ADIF, la empresa que gestiona las infraestructuras ferroviarias, es de unos 14.000 millones de euros. Esa enorme deuda, según el Ministerio, está asociada a todo lo que se ha hecho en España en alta velocidad. Según ellos, esa deuda obliga a adoptar medidas de racionalización, que sin embargo las están orientando exclusivamente hacia los trenes regionales y por lo tanto a los servicios que se prestan en los territorios con menos recursos. 
  Para concluir, seguro que aunque cierren la línea de Cuenca, aunque nos dejen sin trenes regionales, ni van a subir más las pensiones, ni van a solucionar el enorme problema del endeudamiento. Eso sí, como dice nuestro portavoz Paco de los Cobos, seguirán haciendo enormes transferencias de rentas de los pobres a los ricos, como lo llevan haciendo desde hace años.


 Fotografía de archivo: Cuenca Alternativa.

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Desmontando a INECO. El tren de Cuenca tiene futuro, por la Plataforma del Ferrocarril

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca denuncia a través de este escrito, algunas de las incorrecciones producidas en el proceso de determinar las obligaciones de servicio público de los trenes de la línea ferroviaria Madrid-Cuenca-Valencia. Es necesario significar que este proceso es de especial transcendencia para Cuenca, porque del mismo debe partir una decisión sobre el futuro del ferrocarril de nuestra provincia y, por tanto, las personas de Cuenca debemos exigir al Ministerio de Fomento y a la consultora INECO que cumplan sus cometidos con un mínimo de rigor científico. 
  Desde el 20 de julio, fecha de la publicación del Real Decreto por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, el Ministerio de Fomento ha utilizado razones completamente diferentes para determinar las obligaciones de servicio público de los servicios ferroviarios de media distancia. Primero, el 26 de septiembre promulgó el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda, donde se incluía una ficha con seis criterios para la racionalización de estos servicios y, posteriormente, hemos conocido el estudio de INECO sobre el cual debe adoptarse la declaración de obligación de servicio público de nuestros trenes. En este último caso, además de criterios económicos, se adoptan los valores de eficiencia social y medioambiental recogidos en el estudio patrocinado por la Union Internationale des Chemins de Fer y realizado por la consultora suiza INFRAS/IWW y la universidad alemana de Karlsruhe. Este trabajo, adoptado como referencia en los estudios de Renfe, ADIF e INECO, es una actualización sobre datos de 17 países europeos en el año 2000, cuya metodología fue corregida exhaustivamente respecto a un anterior estudio de 1995. Entre las correcciones introducidas, se reconoce que en el intervalo de 1995 a 2000, “los costes totales aumentaron un 12.1%”. Por tanto, es evidente que, transcurridos doce años, se precisa una nueva corrección tanto de la metodología, como de los costes externos -sociales y ambientales- que el estudio recoge de cada medio de transporte. 
  Ya con relación al análisis de INECO, decisivo para los intereses de Cuenca, en primer lugar la estimación de “costes externos” que ofrece no coincide ni con el estudio de la Universidad de Karlsruhe, ni con la Memoria Medioambiental 2010 de ADIF. Se ha comprobado de la consulta del citado trabajo europeo, que se han “suavizado” los costes del automóvil y, al mismo tiempo, se han sobrestimado los del ferrocarril. Además, los criterios para determinar la eficiencia medioambiental y social en las citadas memorias de ADIF y en el estudio de INECO son diferentes, sin explicarse en este último trabajo por qué emplea otra metodología a la comúnmente adoptada durante los últimos ejercicios. 
  Por otra parte, más allá de los citados indicadores sobre “costes externos” – que se trasladan erróneamente- y de una tabla final, sin memoria explicativa, al informe de INECO debe exigírsele una adaptación a la realidad de territorio y, en consecuencia, tiene que dar cuenta de las singularidades demográficas y caracterizar qué tipologías de personas son las usuarias de los servicios de la línea Madrid-Cuenca-Valencia. Y, también, todo estudio de transporte debe distinguir la ocupación de usuarios por surcos horarios y diarios, porque las personas que viajan no distribuyen sus desplazamientos de forma homogénea. 
  Desde la Plataforma de Cuenca, nos parece preocupante que nuestros datos no coincidan con los de INECO. Conforme a nuestros cálculos, registramos una infraestimación del número de viajeros de un 14,94% y de cerca de un 25% si se contemplaban las ciudades extremas de la línea. En todo caso, no puede exigirse unos umbrales de beneficio a una línea que ha carecido de un mantenimiento adecuado y que, desde hace tiempo, los viajeros no puede llegar a Valencia-Nord y Madrid-Atocha, cabeceras naturales de la línea. No es necesario recordar que estas deficiencias solo son imputables a la deficiente gestión de ADIF y Renfe, y que han sido denunciadas reiteradamente desde la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social. 
  Además, dentro del rigor que debe exigirse a los análisis de Fomento, el trabajo, cuando supone la transferencia total de tráfico del ferrocarril a la carretera, debe: 1) determinar los servicios que son necesarios para asegurar que todas las personas puedan acceder al viaje que realizan en la actualidad, 2) definir los parámetros de calidad en tiempos de viaje, frecuencias y efecto red, 3) estimar los costes monetarios y temporales que van a tener que asumir los viajeros al desaparecer determinados servicios y 4) evaluar la repercusión económica en las localidades de destino de las desviaciones de los flujos establecidos de viaje. 
  Estas preguntas sin respuesta, que nos hacemos, invalidan el estudio de INECO. A falta de trabajos rigurosos y científicos sobre el transporte y la realidad de nuestra provincia, no puede adoptarse ninguna decisión que comprometa, decisivamente, el futuro de Cuenca. 

Cuenca, 6 de diciembre de 2012.

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