Lo público a veces se entiende de manera estrecha como sinónimo de lo estatal, como si todo el problema residiera en la titularidad y autoridad estatales que respaldan a los servicios públicos.
La crisis/estafa actual, sin embargo, nos está enseñando que el estado tiene muchas caras. Lo que muchos defendemos al defender lo público guarda quizás relación con alguna de ellas, pero desde luego no con todas.
El estado ha mostrado la cara de la corrupción, del clientelismo y el caciquismo, ha mostrado la cara de la represión y de la mentira, ha mostrado la democracia representativa como una farsa en la que da igual lo que se prometa en campaña electoral porque luego el que llega al gobierno puede hacer lo que le dé la gana, ha mostrado la cara del sometimiento a los dictados del poder económico, la cara de los recortes en derechos sociales y del afán por privatizar..., en fin, hemos visto un estado que poco se parece a una suma de las fuerzas de todos para proteger la vida de cada uno, como lo expresaban los clásicos, y mucho con servirse de lo público para beneficio privado.
Lo que la mayoría de las personas defendemos al defender lo público es precisamente acabar con esas caras indeseables del estado, queremos que lo público sea de verdad lo común, aquello que las camisetas verdes en defensa de la educación pública definen como lo que es de tod@s y para tod@s. Nos negamos a que lo que es de tod@s sea para cuatro bribones.
Pero, la solución no es destruir lo público porque no alcanza a ser lo común. Esa salida es únicamente una variante del saqueo privado de lo público. La única posibilidad que tenemos en estos momentos para defender lo público es construir lo común.
Y a día de hoy, construir lo común pasa por sacar a la luz, euro por euro, de dónde sale la deuda que está justificando todos los recortes en derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuánto de la deuda proviene del rescate a los bancos? ¿Cuánto de las obras faraónicas? ¿Cuánto de la mala gestión? ¿Cuánto del abuso del poder político? ¿Cuánto del cobro de intereses abusivos?... ¿Qué parte de la deuda es deuda contraída y utilizada en contra del bien común y a favor de intereses particulares? ¿Qué parte de la deuda es odiosa y, por tanto, no tenemos ninguna obligación de pagar? Es más, ¿quiénes son los responsables de esa deuda odiosa?
Si no conseguimos responder a estas preguntas con la mayor claridad posible, si no conseguimos poner en marcha una auditoría ciudadana de la deuda que ponga encima de la mesa a dónde ha ido a parar el dinero y quién se lo ha llevado, poca utilidad tendrá un referéndum sobre los recortes o sobre el rescate a los bancos. Pues, ¿con qué información vamos a contar a la hora de decidir por una opción u otra? ¿Quién va a gestionar el resultado? ¿Qué alternativas podemos poner en marcha?
Entre los partidos políticos con representación parlamentaria, Izquierda Unida es la única fuerza que ha hablado de auditoría de la deuda, pero lo ha hecho tímidamente, sin insistir demasiado, como si fuera una idea más entre otras y, en el fondo, algo secundario. La apuesta por la auditoría, sin embargo, sólo puede tener sentido si se esgrime con determinación, como un mínimo irrenunciable.
De cualquier manera, hagan lo que hagan los partidos, los ciudadanos tenemos derecho a saber qué ha pasado con el dinero público y la obligación de exigir cuentas claras y responsabilidades por los gastos indebidos. La auditoría es un primer paso ineludible para, en estos momentos, construir lo común, la solidaridad democrática y el entorno social que necesitamos para vivir y que las políticas neoliberales, origen de esta crisis/estafa, siguen erosionando, incluso cuando es evidente para todo el mundo que sólo llevan consigo destrucción y miseria.
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