En los últimos años la excusa de la crisis, provocada por el propio sistema financiero y su lógica neoliberal, está permitiendo que los propios responsables de dicha crisis estén expoliando a los ciudadanos de unos derechos tan básicos como son los servicios públicos. Y, con ser los más graves, no son sólo sanidad, educación y servicios sociales los únicos bienes públicos, de todos, de la ciudadanía, los que están sufriendo una voladura controlada por parte del capital. Otro de los más relevantes, aunque tenga menor repercusión mediática, es la privatización del agua. Un bien público y colectivo de primera necesidad que está sufriendo el mismo saqueo que el resto.
El afán de hacerse con el control de un recurso tan escaso y necesario no es nuevo. A comienzos de siglo (y de milenio), grandes multinacionales se ufanaban de ello: “en esta década vamos a hacer con el agua lo que hicimos con las telecomunicaciones en la década de los noventa: conseguir la desregulación total”. En América Latina las medidas de austeridad impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que consiguieron la privatización de casi todos sus recursos públicos y el colapso de sus economías para mayor beneficio de las empresas multinacionales que manejaban los hilos de los gobiernos nacionales, ya pusieron sus ojos en la gestión del agua. Los procesos de privatización del agua y sus graves consecuencias provocaron numerosos levantamientos populares, de los que el más conocido es "la Guera del agua" de Cochabamba en Bolivia.
El saqueo de los recursos nacionales que sufrió Latinoamérica en los noventa ha llegado en los últimos años a Europa. Especialmente a los países periféricos del sur, y, como no podía ser de otra manera, el control del agua está entre los objetivos de la insaciable avaricia de las multinacionales y el poder financiero. En nuestro país ha tenido cierta contestación social y trascendencia en los medios el intento de privatización del canal de Isabel II en Madrid, pero la estrategia se extiende de forma menos ruidosa por todo el país. Los beneficiarios son los de siempre, entidades financieras y grandes constructoras, esos parásitos de las arcas públicas que arruinaron el país con obras tan faraónicas como inútiles durante el boom de la construcción. Los responsables también los de siempre, tanto el PP como el PSOE (o CiU en cataluña), cuyas posiciones a favor o en contra de las privatizaciones dependen sólo de que estén en el gobierno o en la oposición.
Hace unos días la Generalitat de Cataluña ha adjudicado la empresa pública Aigües del Ter-Llobregat a la constructora Acciona, que consigue así introducirse en el rentable y seguro negocio del agua hasta ahora monopolizado por FCC y Agbar. En áreas metropolitanas más pequeñas el negocio es menor pero la contestación social también lo es y el saqueo lleva tiempo extendiéndose por toda la geografía nacional (afectando ya a más del 50% del agua) a manos de numerosas empresas controladas en un 90% por FCC o Agbar.
Las nefastas consecuencias para las arcas públicas a medio y largo plazo, para el bolsillo de los vecinos y para la calidad del servicio y del agua en sí misma no es un augurio aventurado. En Latinoamérica las fuertes protestas ciudadanas, como la de Cochabamba, consiguieron revertir el proceso privatizador en numerosos países. Uruguay incluso reformó su Carta magna para declarar inconstitucional la privatización del agua (una reforma constitucional tan distinta de la que PSOE y PP pactaron hace un año). Recientemente Italia votó en referendum su oposición a los planes de privatización del agua. En España son numerosos los informes técnicos independientes que advierten de las consecuencias sobre los precios y la calidad del servicio en los lugares que ya han externalizado la gestión del agua. Sin embargo el gran negocio que supone para los gigantes de la construcción en plena crisis del ladrillo hace que el avance de la privatización parezca imparable.
En Castilla-la Mancha cuatro de las capitales así como numerosos municipios de la comunidad tienen ya sus aguas públicas en manos de Aquagest, propiedad de Agbar, como el caso de Albacete o Ciudad Real, de Acqualia (FCC) o de Sacyr Vallehermoso, la adjudicataria de la privatización del agua de Toledo o Guadalajara.
La última ciudad que ha decidido sumarse a la marea privatizadora de la gestión del agua es la de Cuenca. Después de oponerse frontalmente al intento privatizador del anterior alcalde del PP, de encabezar una “plataforma ciudadana” contra dicha privatización en 2009 y de comprometerse públicamente en marzo del año pasado a no privatizar el servicio municipal de aguas en caso de obtener la alcaldía, el ahora alcalde, esta vez del PSOE, retoma aquella fórmula para "sanear las arcas municipales". Llama curiosamente la atención el único argumento empleado por el alcalde socialista: "la situación que tenemos es fruto de la deuda dejada por el anterior gobierno del PP y si no hacemos nada tendremos que cerrar el Ayuntamiento". Cambien la palabra Ayuntamiento, por Comunidad o País y cambien de orden las siglas PP y PSOE y busquen las diferencias. Efectivamente el mismo y único argumento usado ya con tal desparpajo que difícilmente oculta la estrategia común que hay detrás de ambos partidos.
El consistorio socialista insiste en que la cesión a una "empresa pública" no es una privatización porque la titularidad sigue siendo pública, como si las ya más de dos décadas de privatización de los servicios públicos en España, de la mano tanto del PP como del PSOE, permitiesen seguir engañándonos con simples juegos de palabras. Como si la burda falacia del PP de que la "colaboración público-privada", el PFI o el PPP no son privatizaciones de nuestra sanidad pública porque la titularidad detrás de esas concesiones administrativas así como su financiación sigan siendo públicas. Una mentira que el PSOE parece reconocer muy bien cuando piensa que su denuncia desde la oposición le puede suponer un rédito electoral pero que le cuesta sobremanera identificar cuando está en el gobierno.
Una diferencia importante del caso del agua respecto de otros servicios públicos como la educación o la sanidad es la vía de financiación. Por eso es importante insistir y recalcar que los servicios públicos no son gratis, ni los unos ni los otros. Unos se pagan por vía de impuestos, lo cual, si existiese una verdadera progresividad fiscal en nuestro país, una menor tolerancia con el fraude, con los paraísos fiscales, con el trato de favor a los más adinerados (SICAV, impuesto de patrimonio o de transmisiones, etc.), sería una verdadera herramienta de vertebración y solidaridad social donde paga más quien más tiene y gasta más quien más lo necesita. En los otros paga directamente, en parte o en su totalidad, el consumidor final de esos servicios públicos mediante unas tasas, lo cual lo hace por naturaleza insolidario pues paga lo mismo cada ciudadano independientemente de su poder adquisitivo. La diferencia la vemos claramente en las carreteras. El primer modelo corresponde a las autovías. El segundo a las autopistas.
La elección de un modelo u otro tiene una clara connotación política siendo muy distinta la visión desde un planteamiento conservador o de derechas y uno progresista o de izquierda (que no desde el PP y el PSOE que suelen compartir siempre la misma visión). El caso más sangrante suele ser el de la financiación mixta o copago, ese que se va extendiendo cada vez más por servicios básicos como la sanidad, porque supone que entre todos pagamos con nuestros impuestos unos servicios que sólo aquellas personas con un mayor poder adquisitivo pueden permitirse. En nuestra ciudad es muy fácil de ejemplificar ésto con el AVE, cuyo precio de billete cubre sólo un porcentaje mínimo del coste total. El resto lo pagamos todos, también el que tiene que viajar en Auto-Res porque no puede permitirse el billete del AVE.
La financiación cubierta completamente por el consumidor final también resulta especialmente insolidaria en casos de bienes o servicios de primera necesidad como es el caso del agua corriente, precisamente por esa falta de progresividad. Pero en cualquier caso, en el supuesto de aceptar tal modelo insolidario de financiación en servicios básicos y de primera necesidad como el agua, los ingresos de las tasas municipales deberían ir destinadas íntegramente a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras que aseguren al ayuntamiento el proporcionar dicho servicio con la cantidad y la calidad adecuadas a todos los vecinos. Nunca exceder dicho coste para mediante esas tasas poder cubrir los gastos y las deudas creadas en las arcas municipales por otras partidas.
Pero incluso aunque el consistorio optase por esa reprobable opción de sanear las arcas municipales subiendo el impuesto no progresivo de un bien básico y de primera necesidad, le bastaría con subir las tasas municipales y recaudar más por el consumo de agua potable. Entonces ¿donde está el truco? Si todo el dinero va a salir del bolsillo de los vecinos y todo ese dinero va a acabar en las arcas municipales ¿cual es el beneficio de ceder la gestión a una "empresa pública"?. Las respuestas no son complicadas y es importante entenderlas porque es la estrategia que subyace a toda la política neoliberal que PP y PSOE están llevando a cabo en todos los sectores y en todos los ámbitos de nuestras vidas desde hace décadas con nuestro pleno consentimiento.
Como en otras ciudades, el dinero fácil que entraba en el ayuntamiento gracias al boom del ladrillo se cortó de pronto. Dinero que entraba gracias a la sumisión de los intereses ciudadanos frente a los de especuladores y constructoras tomando decisiones urbanísticas que sólo beneficiaban a éstos (ubicación de la estación del AVE, de la estación del tren convencional, del hospital,...) y que permitía embarcarse en obras absurdas como la remodelación de la Plaza Mayor, el Ars Natura, el Bosque de Acero, etc, etc. El resultado, una deuda inasumible que supone 10 millones de euros para el próximo año. Una deuda que amenaza el pago a funcionarios, el mantenimiento de infraestructuras básicas, el pago a proveedores...
La genial solución de nuestro alcalde: crear una "empresa pública" que se encargue del cobro de las tasas municipales del agua y que sea ella la que pida un préstamo a los bancos con el aval de esos futuros cobros y adelante 25 millones de euros al Ayuntamiento en concepto de canon de explotación. ¿Fácil de entender? No. Desde luego. Si el aval es el mismo en un caso y el otro y los intereses de financiación son los mismos en un caso y en otro ¿cual es la ventaja de que ahora la endeudada con los bancos sea una "empresa pública" y no el Ayuntamiento?. Desde luego la ocurrencia no es del alcalde, es una perversa estrategia ideada por el FMI, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial en los años ochenta, plasmada en el Tratado de Maastritch por Felipe González, impuesta a traición en nuestra "inviolable" Constitución por Zapatero y ratificada entre el gobierno de Rajoy y las corporaciones municipales en el plan de pago a proveedores. El burdo truco, como explica literalmente el Tratado de Maastritch de 1992, es el siguiente: "No se considerará endeudamiento público el contraido por empresas públicas acogidas a gestión privada, aunque toda su financiación fuese con dinero público, o por servicios contraidos por el sistema público con empresas privadas". A partir de ahí basta con marcar a fuego en los tratados anteriores un techo de déficit y de endeudamiento público para que en la práctica suponga para las administraciones públicas la obligación de privatizar todos sus servicios públicos y que las empresas privadas puedan hacer negocio y enriquecerse con ellos.
Y en esa estrategia la figura de las "empresas públicas acogidas a gestión privada" juegan un único papel, hacer de escalón intermedio, de colchón que amortigüe el rechazo social que supone la privatización directa de los servicios públicos. Y así se ha utilizado desde entonces en todos los servicios públicos privatizados tanto por uno como por otro gobierno.
Una presión social que, por su experiencia en Latinoamérica, las grandes corporaciones multinacionales saben que es capaz de frenar enormes negocios a costa del agua y otros bienes y servicios de dominio público, pero que se ve frenada en gran medida cuando en la gestión "pública" se han introducido previamente todos los males de la gestión privada. Éste es el objetivo de la otra gran diferencia entre una gestión completamente pública y la de una "empresa pública acogida a gestión privada", la sustitución del derecho administrativo por el derecho laboral, mucho más laxo en sus requisitos de transparencia y control. Se abre así el camino a las contrataciones a dedo de amigos, parientes y ex-cargos del partido, a las asignaciones arbitrarias de sueldos, las tomas de decisiones opacas sin control institucional, las contratas y subcontratas sin los correspondientes requisitos de la contratación pública, la evasión de recursos a manos privadas, el deterioro y precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, el empeoramiento del servicio, y todo tipo de escándalos e irregularidades que, sin ir más lejos, han acompañado a la Empresa Pública de Servicios (EMPUSER) y a su heredero Servicio de Infraestructuras Municipales (SIM), que sería precisamente, tras un nuevo cambio de nombre y lavado de cara, el encargado de la gestión de la nueva empresa mercantil "Aguas de Cuenca". No es por casualidad que los tan numerosos casos de corrupción que salpican por toda la geografía nacional al PP, al PSOE e incluso a la Casa Real, estén relacionados con Fundaciones Públicas y con Empresas Públicas acogidas a gestión privada. Quien verdaderamente está detrás de este tipo de maniobras sabe muy bien lo fácil que resulta una vez conseguido el desprestigio social y el balance económico negativo vender a la opinión pública su privatización completa. Ya sea mediante la licitación directa o con el paso intermedio de la empresa pública, lo que hasta el momento era un quebadero de cabeza para el Consistorio por la dificultad de mantener un servicio óptimo sin una constante subida de tasas pasa a ser de pronto un jugoso y atractivo negocio con beneficios millonarios. ¿Por una supuesta mayor eficiencia en la gestión de la empresa privada? Por supuesto que no. Poca trayectoria tiene este argumento en una ciudad donde hemos visto a qué ha llevado la gestión privada mediante concesión de dos infraestructuras municipales tan importantes como, por poner solo dos ejemplos, los multicines o el cámping de Jábaga. Los beneficios, siempre presentes, para los gestores vienen ineludiblemente de las irregularidades en autocontrataciones a empresas propias, del deterioro continuo de la calidad del servicio por ausencia de las inversiones necesarias y del aumento abusivo de las tasas. Los perjudicados, por supuesto, los ciudadanos que pagarán cada vez más por un servicio cada vez peor. Porque curiosamente en la gestión privada de los servicios públicos no se cumple el axioma básico de los que creen en las bondades del sistema de libre mercado por el que la propia competencia, a modo de selección natural de tipo darwinista, se encarga de quebrar las empresas con peor gestión y hacer prosperar las más eficientes. Aquí no hay competencia posible. Los vecinos no pueden elegir el agua que sale por el grifo de su hogar. Pero tampoco existe el riesgo de que una mala gestión lleve al cierre de la actividad. Dada la condición de servicio básico de primera necesidad al Ayuntamiento no le queda otra opción en caso de mala gestión que negociar la baja del canon o percibido o la subida de tasas, cuando una indemnización por lucro cesante. ¿Es necesario recordar de nuevo el ejemplo de las autopistas?. Una vez más el truco de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Por supuesto impensable recuperar llegados a este punto el control público de la gestión, dado que las abusivas indemnizaciones pactadas en caso de cancelación de la concesión lo hacen inviables.
Si le sorprende la similitud de este proceso con el que se está llevando a cabo en otros sectores también de primera necesidad como la sanidad y que el PSOE se afana en denunciar junto a las plataformas ciudadanas en defensa de lo público (mientras que lo sigue defendiendo en el Congreso) seguramente debería mirar dos cosas. Por un lado su nivel de ingenuidad, absolutamente preocupante a estas alturas. Por otro, el nombre de la prestigiosa consultora que ha ofrecido tan ingeniosa y "novedosa" solución a nuestro alcalde para sanear las arcas municipales. Ésta consultora, a la que el ayuntamiento ha pagado 21.000 euros por las 71 páginas de su informe, no es otra que Pricewaterhousecooper. La misma en cuya plantilla estaba nuestro actual Ministro de Economía Luis de Guindos tras la caída de Lehamn Brothers, o el Ex-Presidente mallorquín Jaume Matas hasta su procesamiento por corrupción, o, por cambiar de color político, el ex-Ministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla. La misma consultora que se encargó de la fusión de Bancaja y Caja Madrid en la simpar Bankia. La misma que está detrás de la eterna compra de Ribera Salud por Capio. La misma que está detrás del desmembramiento y privatización del Sistema Català de Salut, a través del paso intermedio de creación de "empresas públicas acogidas a gestión privada". O la misma, no se vaya a sorprender a estas alturas, que está detrás de todo el proceso de privatización de buena parte de los hospitales y centros de salud del SESCAM de la mano de Cospedal y su Consejero Echániz.
Así que, mientras ponemos el foco de la presión ciudadana en la defensa de la gestión pública del agua (y esperemos que esto no sea demasiado tarde), en la próxima manifestación en defensa de lo público que se cruce con algún dirigente del PSOE o incluso con nuestro propio alcalde, aproveche para preguntarle sobre la confianza que deberíamos darle a los consejos y los informes técnicos de la consultora Pricewaterhousecooper. Porque resulta extraño que cuando asesora al PP ofrezca propuestas totalmente rechazables mientras que si la factura la paga un gobierno socialista ofrece alternativas ingeniosas y válidas. Esas curiosas cosas de la "política" que los ciudadanos de a pie no llegamos a comprender.
